La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que respondió formalmente la intimación cursada por la Inspección General de Justicia y presentó los descargos contables correspondientes a los ejercicios 2017 a 2023, al tiempo que negó de manera categórica cualquier incumplimiento. El titulo es una frase atribuida a Aristóteles muy utiliizada por Juan Domingo Perón.
A través de un extenso comunicado, la entidad buscó llevar claridad a sus asociaciones afiliadas y a la opinión pública frente a las reiteradas declaraciones del Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo.
En primer lugar, la AFA desmintió que el cambio de jurisdicción haya sido ilegal o realizado de manera encubierta.
Según detalló, la decisión fue aprobada en asamblea, fiscalizada por veedores de la propia IGJ y luego certificada por ese organismo, que incluso emitió en noviembre de 2024 el certificado de vigencia necesario para concretar la inscripción en la Provincia de Buenos Aires.
Posteriormente, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense aprobó e inscribió el trámite, notificando formalmente a la IGJ.
En cuanto a los balances, la entidad afirmó que todos los estados contables entre 2017 y 2024 fueron presentados en tiempo y forma.
Señaló que solo una vista —la correspondiente al ejercicio 2017— fue debidamente notificada y respondida, mientras que el resto de las observaciones invocadas públicamente nunca fueron notificadas conforme lo exige la normativa.
Además, denunció demoras de hasta tres años en el análisis de los expedientes, irregularidades formales y archivos sin fundamento.
La AFA también remarcó que durante esos mismos años solicitó y obtuvo múltiples certificados de vigencia emitidos por la IGJ, en los que el propio organismo dejó constancia expresa de que la asociación se encontraba al día con la presentación de balances y la documentación post-asamblearia.
El último de esos certificados, fechado en noviembre de 2024, ratificó esa situación, lo que -según la entidad- contradice las acusaciones actuales.
Otro punto central del comunicado fue el límite del control estatal: la AFA recordó que la IGJ no tiene facultades para aprobar o desaprobar balances, función que corresponde exclusivamente a los socios, y que su rol se restringe al control de legalidad formal.
Además, subrayó que actualmente se encuentra bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.
Finalmente, la asociación rechazó las declaraciones públicas que la acusan de ocultar información o de haberse “escapado” de la jurisdicción porteña, y denunció una utilización mediática y política del procedimiento administrativo.
