El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, confirmó ayer que negocia, con gremialistas y empresarios, un bono de compensación para trabajadores del sector privado, ante la fuerte pérdida de poder adquisitivo que provocó la crisis económica. Si bien no dio precisiones, se especula con que rondará en los $5.000, un monto similar al otorgado a los empleados estatales.
De todas maneras, dijo que el número específico se calculará en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto que se conocerá mañana. “Quedamos en mirar el índice de inflación y volver a sentarnos y evaluar cuál es la mejor metodología, si hacer una revisión de paritarias todas juntas o a lo mejor sacar un bono. El año pasado lo hicimos en diciembre”, señaló.
No obstante, tras la confirmación de las negociaciones, se abrió un nuevo frente de conflicto: la implementación. Por un lado, Sica dijo que necesario discutir el modo en que se concretará el beneficio “por el impacto que puede tener en pequeñas empresas”, advirtió.
De hecho, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) ya pidieron que si el bono es obligatorio se les permita a las pymes “compensarlo con contribuciones patronales, Impuesto al Valor Agregado (IVA) o algún otro impuesto”. Al respecto, el secretario de prensa de la entidad, Pedro Cascales, se manifestó a favor del bono, pero añadió que “la situación para la mayoría de las pymes es crítica”.
En este sentido, explicó que algunos rubros “como el financiero, ciertos sectores ligados a la exportación, servicios o software, están más líquidos o más o menos tienen una situación positiva”. No obstante, “la industria, el comercio y las economías regionales están muy complicados” y no podrían hacerle frente al pago de un bono.
