Empresas constructoras responsables de obras viales claves como el cierre de la avenida Circunvalación, Altas Cumbres y Variante Costa Azul, alertaron por la voluminosa deuda que el gobierno de Córdoba acumula en concepto de redeterminaciones de precios por final de obra que, según trascendió, rondaría los 3.500 millones de pesos. Se trata de la retención del 10% que la Provincia realiza sobre cada redeterminación y que debe pagarse luego tras la recepción provisoria de la obra, conforme lo determina el decreto nacional número 691/2016.
La normativa fue la aplicada para aquellas obras en rutas nacionales, o bien en otras que el gobierno nacional se comprometió a solventar, como el cierre del Camino de Altas Cumbres. En la mayoría de los casos, son trabajos ya concluidos y que estaban en cabeza de la empresa Caminos de las Sierras, concesionaria de la Red de Accesos a Córdoba (RAC). Desde el gobierno provincial admitieron algún atraso que, sin embargo, evitaron cuantificar, reveló el periodista Alfredo Flury. Está claro que la estrechez financiera que golpea al gobierno de Córdoba, al igual que a la mayoría de los distritos producto de la crisis económica, es clave para entender el atraso.
Córdoba espera que la Nación destrabe $ 13.000 millones adeudados por la gestión macrista
En ese marco, fuentes oficiales supeditaron en parte esos pagos a que el gobierno nacional regularice la deuda por 13.000 millones de pesos que mantiene con Córdoba como herencia de la administración de Mauricio Macri, precisamente como contraparte por el costo de esos proyectos. Desde las empresas admiten la lógica del argumento oficial pero no la comparten. Es que si bien es cierto que los acuerdos originales para ejecutar esas obras incluían una contraparte de la Nación que de hecho nunca llegó, o lo hizo en cuentagotas, los contratos para la ejecución de los trabajos fueron con Caminos de las Sierras o, en definitiva, con la Provincia. Por lo tanto y desde un punto de vista contractual y legal, el reclamo por el pago debe ser hecho al organismo contratante, en este caso del ámbito provincial. La lista incluye empresas de Córdoba y otros pesos pesados que participaron de las obras.
Entre los locales, está Boetto y Buttigliengo, Cisa, Afema e incluso Astori en el caso del puente José Manuel de la Sota sobre el lago San Roque. Pero también hay otros como Roggio, en rigor de Córdoba pero con fuerte proyección nacional, Rovella Carranza, Chediak o Sacde, la ex Iecsa.
