Inquilinos Agrupados reclamó al Gobierno que revise la decisión de no extender la suspensión de desalojos que vence a fines de este mes por entender que es «irresponsable» ante «la llegada de la segunda ola de contagios» por la pandemia de coronavirus.
A principios de marzo la administración de Alberto Fernández aclaró que no iba a prorrogar ni el congelamiento de alquileres ni la suspensión de desalojos, medidas que se habían implementado ante el inicio de la crisis sanitaria. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat argumentó que no se renovará el decreto 66/2021, dado que en su lugar «se trabajará con las herramientas que generó la nueva ley de alquileres».
Ante la proximidad del vencimiento, la agrupación criticó: «No se entiende que en un panorama de llegada de segunda ola de contagios y con la situación gravísima que se vive en las región decidan levantar el decreto que suspende desalojos». «No se entiende y es irresponsable», apuntó inquilinos agrupados en un comunicado difundido en redes sociales.
En ese sentido, advirtió «empiezan los desalojos sin mediación ni Estado que proteja», por lo que pidió al Gobierno revisar su determinación al respecto. Por esa razón, el 29 de marzo a las 20 fue convocado un «ruidazo» bajo la consigna «contra el abuso del mercado inmobiliario».
En ese escenario, la Federación de Inquilinos Nacional presentó ante el Ministerio de Salud y Desarrollo Territorial y Hábitat un pedido de informe para consultar si la decisión de finalizar el decreto «se tomó en conocimiento de la situación sanitaria y habitacional y de sus posibles consecuencias».
Entre otros puntos, el documento solicitó que se informe «la cantidad de personas que dependen del alquiler para acceder a la vivienda en la Argentina» y «si el Ministerio tiene registro/información sobre la cantidad total de procesos de desalojo de vivienda en trámite y la cantidad de sentencias de desalojo de vivienda pasibles de ser ejecutadas a partir del 1/4/21». El Gobierno sostuvo que los desalojos deben pasar ahora por una mediación con el Ministerio de Justicia, en línea con lo dispuesto en la ley de alquileres. La nueva norma también extiende los contratos de dos a tres años, estipula una actualización del valor anual y ya no semestral y establece que el incremento debe hacerse con la referencia de las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de salarios.
Según el último informe dado a conocer por la Federación de Inquilinos Nacional, unos 300.000 hogares tienen deudas en las cuotas desde que comenzó la pandemia. A su vez, el sondeo indicó que el 80 por ciento de las personas consultadas afirmó estar endeudada para pagar el alquiler.
Se trata del índice más elevado desde que llegó el coronavirus, señaló el informe que además sostuvo que un 40,4% no tiene certezas de dónde va a vivir en los próximos meses.
