El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y otros 100 expertos más condenaron enérgicamente” las demandas empresariales contra la Argentina y Bolivia ante el tribunal del Banco Mundial en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) tras la reversión de los sistemas privados de pensión en dichos países, y que en particular disolvió el sistema de Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en nuestro país.
En el comunicado se advirtió que si Argentina y Bolivia pierden los pleitos (contra Metlife y NN Insurance Internacional, en el caso de Argentina), significará que los ciudadanos empobrecidos y los jubilados mayores tendrán que compensar a las corporaciones financieras adineradas”.
Además, destacaron que la política jubilatoria no se trata de asegurar beneficios para las empresas de seguros privadas” y que los sistemas de pensiones existen para garantizar que las personas mayores se retiren con jubilaciones adecuadas”.
De esta forma, consideraron que es deber de Argentina y Bolivia velar mejor por el bienestar de sus ciudadanos y en 2008-09, implicó la reinstalación de un sistema público de pensiones”.
Según los expertos, «no actuaron solos; Otros gobiernos también revirtieron la privatización de las pensiones debido a deficiencias demostradas en el sistema de pensiones privado, como que las tasas de cobertura disminuyeron o se estancaron;
los beneficios de las pensiones se deterioraron; la pobreza en la vejez se agravó debido a las bajas jubilaciones; aumentó la desigualdad de género y de ingresos, entre otros».
Puntualizaron que, en la Argentina, las tasas de cobertura para los hombres cayeron del 46% (en 1993, antes de la reforma) al 35% (en 2002) y para las mujeres a sólo el 31%; y en Bolivia se estancaron.
Asimismo, recordaron que «las estimaciones iniciales sitúan el costo en 0,2% del PIB; posteriormente, el Banco Mundial aumentó la estimación de costos al 3.6% del PIB, 18 veces la estimación original; en Bolivia, los costos reales de transición de la reforma fueron 2,5 veces mayores que las proyecciones iniciales».
También se refirieron a los costos de administración, que en Argentina «aumentaron del 6,6% de las contribuciones en 1990 antes de la privatización al 50,8% en 2002; en Bolivia, del 8,6% en 1992 al 18,1% en 2002 después de la privatización», entre otras cifras impactantes.
Además, expresaron que «los sistemas privados eran costosos: los altos costos de transición de la privatización crearon grandes presiones fiscales; las administradoras de pensiones privadas incurrieron en altos costos administrativos y extrajeron ganancias excesivas a través de estas tarifas administrativas extraordinarias».
Para Stiglitz y otros, «los gobiernos de Argentina y Bolivia tomaron decisiones legítimas en interés de sus ciudadanos que deben ser respetadas, como parte de la soberanía de un país».
«Es reprobable que el arbitraje de tratados de inversión permita a las corporaciones iniciar soluciones de disputas contra los gobiernos —y en última instancia contra las personas— para seguir beneficiándose», subrayaron.
En otro orden de planteos, se opusieron a la falta de transparencia del proceso en el Ciadi del Banco Mundial.
«Si bien las corporaciones pueden argumentar que se necesitan protecciones procesales, estos casos afectan la vida de millones de argentinos y bolivianos. Deben ser abiertos y transparentes», consideraron.
Por último, consideraron que estos pleitos judiciales deberían servir como una advertencia para la mayoría de los países del mundo que no han privatizado las pensiones obligatorias pero que pueden tener presiones para hacerlo.
