En simultáneo a la puesta en marcha el fideicomiso del trigo para subvencionarle el precio a los molinos de harina y abaratar así el pan y las pastas, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación resolvió ayer sancionar a una de las principales empresas del sector, Molino Cañuelas, y a la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim), la Cámara de Industriales Molineros (CIM) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra) con multas por un total de $445 millones por concertar “conductas anticompetitivas” en el marco de un “cartel institucionalizado”.
La medida se dispuso a través de la Resolución 332/2022 publicada en la víspera en el Boletín Oficial y suscripta por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien días atrás tuvo un cruce con los empresarios del sector, a los que acusó de “estrangular al abastecimiento de harina”. La disposición de Feletti responde a su vez a un largo dictamen de 111 páginas que sentenció la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia el pasado 18 de marzo a partir de una denuncia de 2017.
Las multas son de $150 millones a Molino Cañuelas, la empresa de los Navilli; el mismo monto para Faim; $93 millones para CIM y $51 millones para Apymimra, y son el corolario de un proceso administrativo iniciado el 4 de abril de 2017, con la denuncia de Industrias Medianas y Pequeñas Unidas Locales SA (Impulsar) ante Defensa de la Competencia.
El pago de las sanciones deberá hacerse efectivo dentro de los diez días hábiles desde la notificación (es decir hasta el 21 de abril), y Comercio Interior instó a las partes a que “cesen y se abstengan de realizar acuerdos de fijación de precios e intercambiar información sensible, en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo”.
Una sanción “groseramente arbitraria”
Una vez conocida la medida, la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim) manifestó a través de un comunicado de prensa su rechazo a la sanción, a la que consideró “groseramente arbitraria” y adelantó que “recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan”.
Para la Faim, la multa es “exorbitante e infundada” y la resolución “carece del más básico sustento fáctico y jurídico” y “está sancionando un hecho que nunca ocurrió”.
“Más allá de la ilegalidad de la decisión, Faim está convencida de que la resolución de mención responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, toda vez que dicha resolución tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en 2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar”, sostuvo.
Por tal razón, la entidad adelantó que “recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan” para obtener un pronunciamiento judicial que “ponga fin” al actuar “arbitrario de la Secretaria de Comercio Interior”.
