En un hecho inédito en la democracia argentina, el Gobierno publicó ayer, en el penúltimo día del año, el decreto 1131/2024 que prorroga el Presupuesto General de la Administración Nacional del año 2023 para 2025, al no haber alcanzado un acuerdo en el Congreso para aprobar la nueva “ley de leyes”. La oposición puso el grito en el cielo por la discrecionalidad que la medida habilita en el manejo de lo fondos en un año electoral.
Se trata de la segunda prórroga consecutiva del Presupuesto 2023 por parte del gobierno de Javier Milei, lo que le permitirá manejar las cuentas del año próximo con mayor discrecionalidad aún que en 2024, ya que la distancia entre la recaudación y la previsión de fondos del último año de Alberto Fernández se agigantará. Estimaciones privadas anticipaban que el Ejecutivo tendrá entre 25 y 30 billones de pesos para manejar de manera discrecional, lo que significa casi el 30% del gasto público del Presupuesto 2025 que había redactado el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y que el propio Gobierno de Milei decidió congelar.
La medida significa que el Ejecutivo administrará la distribución de los recursos recurriendo a Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y a Decisiones Administrativas del Jefe de Gobierno, eludiendo al Congreso, donde si bien presentó un proyecto de presupuesto en septiembre, no hizo mucho para tratarlo. De hecho, el Ejecutivo decidió no convocar a sesiones extraordinarias para tratar la norma, como suele suceder, por su preocupación ante la posibilidad de que la oposición introduzca cambios que impacten en el equilibrio fiscal.
Ocurre que las provincias tienen una larga lista de reclamos para tratar en las negociaciones, lo que para Milei atenta contra su plan de “déficit cero”. Entre las principales exigencias de los mandatarios están las deudas de la Nación con las cajas previsionales, la coparticipación de impuestos, la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017, entre varios otros temas.
Desde el oficialismo anticipaban ayer que, si los gobernadores acceden a garantizar el respaldo al proyecto oficial presentado en septiembre, el Presupuesto podría tratarse en febrero, aunque advierten que no hay antecedentes al respecto. “No hay antecedentes de que se vote en febrero, pero bueno… esto es día a día”, dijo una fuente oficial, mientras un alfil libertario aseguró: “Si acceden a votar el Presupuesto que mandamos, tranquilamente podría tratarse en febrero. Dependerá de los gobernadores”. Sin embargo, la advertencia pone a los mandatarios contra las cuerdas, ya que no contempla soluciones para ninguno de sus reclamos y los obliga a apoyar la mega ley sin ningún margen para negociar.
La oposición alerta por la discrecionalidad
El presidente Javier “Milei nunca quiso tener Ley de Presupuesto, quiere tener total arbitrariedad en el manejo de las finanzas públicas, por eso hoy prorroga por decreto para 2025 la ley de Presupuesto 2023 (ya prorrogada en este 2024)”, alertó ayer en X Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), quien destacó que “no hay una situación excepcional que imposibilite al gobierno nacional tener una Ley de Presupuesto sancionada por el Congreso”.
El también diputado Esteban Paulón (socialismo) dijo que “este es un presupuesto que se formuló en 2022 y arrastra un 600% de inflación. Si no había fondos para rutas nacionales, programas sociales o de salud, tampoco va a haber para el año 2025”. Con esta medida, “se cristaliza la discrecionalidad de Milei en un año electoral”, advirtió Paulón, mientras Margarita Stolbizer (GEN) señaló que “le tomaron el gustito a gastar la tuya sin control”.
“Alertamos que Milei hacía caer sesiones y trababa acuerdos para que no se aprobara el Presupuesto y poder gastar en lo que él quisiera, como un pequeño monarca. Lo que dijimos, sucedió. Hoy, por primera vez en democracia, Argentina no tiene presupuesto votado por el Congreso por segundo año consecutivo. Una vergüenza”, agregó. “No tratar el Presupuesto 2025 es una maniobra peligrosa. En ningún escenario económico futuro la discreción es mejor que la institucionalidad”, completó Fabio Quetlas (UCR).
Fuertes críticas de la ASAP
La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) expresó ayer su preocupación por la extensión del Presupuesto 2023 y consideró que “constituye un retroceso en la institucionalidad del Sector Público y refleja la imposibilidad de alcanzar los acuerdos mínimos necesarios que permitan contar con la norma más importante para la gestión anual de Gobierno”.
“Este retroceso no se limita a una cuestión de formas, ya que tiene implicancias en diversos órdenes”, indicó y destacó que “el Presupuesto incluye las autorizaciones máximas de gasto y el cálculo de los recursos para atenderlos, también contempla los niveles prestacionales en términos físicos, define la meta de resultado financiero y autoriza la emisión de nueva deuda pública”, entre otros temas.
Advertencias de los especialistas
“Es una medida sin precedentes que se extienda la vigencia del Presupuesto por dos años”, advirtió el tributarista Marcelo Rodríguez, quien consideró que “no resulta una medida ideal atento a la importancia que tiene el Presupuesto para alinear la aplicación de los recursos del Estado”.
Por su parte, Nadin Argañaraz, del Iaraf, explicó que “en la medida que haya crecimiento nominal de ingresos por el funcionamiento de la economía, los recursos excedentes deben ser asignados. Si en lugar de Presupuesto nuevo, hay prórroga del viejo, esa asignación la debe hacer el Poder Ejecutivo por decreto”, lo que habilita una amplia discrecionalidad. Otros especialistas alertaron que la medida deja al Ejecutivo con las “manos libres” para tomar deuda externa.
