La primera licitación de importancia del gobierno de Javier Milei terminó ayer en un papelón: luego de numerosas denuncias de irregularidades en el proceso, el Ejecutivo dio de baja el concurso para la concesión de la Hidrovía y ordenó una investigación contra la empresa Dredging Environmental and Marine Engineering (Deme), la única que presentó su oferta, bajo la acusación de haber realizado “presiones” hacia el resto de las compañías interesadas.
Si bien la empresa belga Deme había denunciado desde el principio que el pliego estaba direccionado para que ganara su par Jan de Nul, anterior licenciatario de la hidrovía donde circula el 80% de las exportaciones de Argentina y Paraguay -más algunas de Bolivia y Brasil-, horas antes de que se venciera el plazo para la presentación de las ofertas la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció graves irregularidades en el procedimiento licitatorio (ver La procuraduría…). Está en juego un negocio que en 30 años podría dejar entre 7.500 millones y US$ 20.000 millones para las empresas interesadas, que deberán pagar los exportadores, que son los principales usuarios de la mayor vía fluvial del mundo.
La sorpresa fue mayúscula cuando se abrieron los sobres y la única oferta que había era la de Deme, la firma que había denunciado irregularidades. De la también belga Jan de Nul no hubo noticias. El vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a anunciar entonces el retiro de la licitación bajo el argumento que “durante el procedimiento, sectores de la política, medios y sectores empresarios hicieron lobby en favor de sus propios intereses y le demandaron al Gobierno que baje los estándares técnicos del pliego solo por beneficio propio”.
Adorni apuntó contra Deme al señalar que “llama la atención” que la empresa que “se ocupó de detener el proceso con denuncias sobre una supuesta falta de transparencia que no era tal”, finalmente sea la “única que se presentó”. “Le pediremos a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que investigue por posible presión de la única oferente sobre el resto de las empresas o presunta asociación ilícita en perjuicio de Estado nacional y de los productores argentinos”, añadió Adorni.
“Se nos acusó de ser muy exigentes, de negocios incompatibles, de corrupción, entre otras falsas acusaciones que habitualmente nos hacen en diferentes asuntos. Y este no fue la excepción”, se quejó Adorni, mientras que el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, dijo que el organismo se va a “poner a trabajar en los nuevos pliegos de forma inmediata”, aunque destacó que “hubo un procedimiento transparente”. “Un grupo de vivos operó el vaciamiento de ofertas de esta licitación para frustrarla en desmedro de los productores argentinos”, agregó Arreseygor, quien aseguró que “claramente interés en el procedimiento había, ya que tuvimos once interesados (…) que por arte de magia decidieron no presentarse”. Distintos partidos de la oposición reclamaron a su vez al Ejecutivo que brinde explicaciones en el Congreso.
La Procuraduría denunció irregularidades
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció graves irregularidades en el procedimiento licitatorio para la concesión de obra pública por peaje en la Vía Navegable Troncal (VNT), más conocida como Hidrovía, a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
En su dictamen, emitido ayer, el fiscal nacional Sergio Leonardo Rodríguez subrayó la trascendencia de la Hidrovía “para el desarrollo de la economía de la República Argentina, su relevancia estratégica y su función clave para el comercio regional e internacional”. Entre las principales observaciones, el dictamen advirtió sobre la “inexistencia de estudios de impacto ambiental actualizados” y la falta de cumplimiento de las disposiciones del artículo 10 del Anexo II del Decreto 713/2024, que requería la intervención del Ministerio de Economía para la aprobación de los pliegos de bases y condiciones.
Además, la PIA recibió denuncias por parte de potenciales oferentes que señalaron “un posible direccionamiento hacia la empresa que actualmente realiza el dragado de la vía troncal”. Esta situación, también denunciada por un grupo de diputados nacionales, afecta directamente los principios de “igualdad, transparencia y concurrencia”, que deben regir los procedimientos de selección de contratistas del Estado, completó.
