El Gobierno anunció ayer un nuevo paso en su plan de ajuste del estado, esta vez con la reestructuración de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): dispuso una nueva estructura administrativa para el organismo que alcanza hasta el nivel de Subdirección General y reduce el sueldo de los cargos jerárquicos en un 80%.
El presidente Javier Milei firmó el decreto que fijó que quienes ocupen el cargo de Director Ejecutivo del organismo que reemplazó a la Afip cobrará un sueldo equiparable al de un ministro del Gobierno, mientras que los directores generales -tanto en la Dirección General Impositiva (DGI) como en la Dirección General de Aduanas (DGA)-, percibirán un monto similar a los secretarios de Estado. De este modo las tres principales autoridades del organismo dejan de percibir el porcentaje de la Cuenta de Jerarquización.
La medida se anuncia en medio de diferentes escándalos que alcanzan al organismo recaudador, como la detección de inmuebles ocultos por un valor superior a los US$ 2.000.000 en Miami que pertenecen al director de la DGI, Andrés Vázquez, o la confusa lista de empresarios y dirigentes con información protegida durante la gestión de Cambiemos en la entonces Afip, que desató una ola de acusaciones cruzadas entre todos los espacios.
Pero además, en paralelo, el Director Ejecutivo de Arca anunció la reducción de 0,65% a 0,60% el presupuesto destinado a la cuenta de jerarquización, con el objetivo de ahorrar unos $ 121.000 millones este año. Otro de los puntos de la reforma oficial tiene que ver con la disminución de la planta de empleados del organismo: según se informó, desde el inicio de la nueva gestión, no solo fueron suspendidos todos los ingresos de nuevo personal sino que, además, se produjeron 1.572 bajas que no serán reemplazadas.
El objetivo, según la información oficial, sería quedar con una planta total de 3.200 empleados, luego de que entre 2019 y 2023, en la gestión de Alberto Fernández, ingresaran 3.155 personas. Además, las autoridades de Arca promoverán una readecuación de la estructura inferior con una reducción que estiman en casi un 45%, bajando de las 67 direcciones actuales a aproximadamente 38.
Buscan congelar los salarios estatales
El Gobierno nacional extendió hasta el 31 de diciembre de 2025 los parámetros establecidos para la negociación salarial de los empleados estatales, lo que significa que continuarán regidos por el Presupuesto 2023.
Así lo dispuso la Decisión Administrativa 1/2025, publicada en el Boletín Oficial, que señala que “resulta indispensable seguir por el camino trazado y prorrogar los lineamientos fijados, manteniendo durante el Ejercicio 2025 parámetros homogéneos para la negociación de salarios dentro del Sector Público Nacional que garanticen la equidad salarial”.
El Ejecutivo justificó esta medida como parte de su objetivo de “optimizar los recursos del Estado Nacional” y “lograr un accionar más eficiente”. De esta manera, las actualizaciones salariales deberán alinearse con las previsiones presupuestarias de 2023, ya que la medida implica prolongar el cálculo de ingresos y fondos de hace dos años.
