La intimación a acogerse a la jubilación alcanzaría a unos 10.000 empleados públicos, de los cuáles 6.500 pertenecen a planta permanente, según estimaciones del Ministerio de Desregulación.
A su vez, se informó que el Ministerio firmó un convenio con Anses para que ese organismo determine quiénes están en condiciones de concretar el trámite.
En ese sentido, se remarcó que «es necesario asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos en el ámbito del Sector Público Nacional».
El Ministerio de Desregulación publicó hoy la Resolución 3/24 que obliga a todas las áreas del gobierno a en los próximos 30 días a intimar a las personas que están en condiciones de jubilarse.
Para instrumentarlo, el 10 de octubre la Secretaría de Transformación del Estado y función pública suscribió un Convenio de Intercambio Electrónico de Información con la Anses.