Las negociaciones del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil no arribaron ayer a un acuerdo, por lo que el Gobierno definirá el ajuste mediante laudo como en la última oportunidad.
El cónclave entre gremios, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales se llevó a cabo ayer por tarde, primero en comisión, y luego en la sesión plenaria ordinaria del Consejo del Salario, pero no encontraron un punto de acuerdo entre lo ofrecido por las cámaras y lo demandado por los gremios.
Según fuentes de las centrales sindicales, las tres centrales (CTA-A, CGT y CTA-T) unificaron posturas y solicitaron ajustes salariales partiendo en $ 482.000 de SMVM a julio y $ 505.000 a agosto, lo que significa aumentos de 106% y 116% respectivamente, mientras las cámaras empresarias ofrecieron $ 245.000 a julio, $ 253.000 agosto, $ 259.000 septiembre y $ 264.000 a octubre. Ante las significativas distancias, se pasó a un cuarto intermedio.
Tras el parate, no hubo mejorías ni acercamientos de las partes por lo que el Consejo fracasó y ahora el Gobierno vuelve a quedar con la responsabilidad de definir los nuevos mínimos salariales.
El encuentro tenía el objetivo de definir un nuevo piso salarial junto con los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo, en medio de un escenario que ubica al sueldo básico como el menor en 30 años.
La inflación a junio fue del 79,8%, mientras que el SMVM se incrementó en el semestre un 50,2% (pasó de $ 156.000 a $ 234.315). Representa un deterioro del 16,5%. Según CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina) por la pérdida de poder de compra del salario mínimo desde fines de 2015 a la fecha, en el actual mes de julio este salario hubiera sido de $ 540.000”. El Informe agrega que “el retroceso histórico se evidencia también en la comparación del salario mínimo con las líneas de pobreza y de indigencia. Este salario sólo sería suficiente en julio para comprar el 56,8% de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo y un 25,6% de la canasta de pobreza, relaciones comparables a las vigentes en la crisis final de la convertibilidad en 2001/2002”.
