El Consenso Fiscal firmado por el presidente Alberto Fernández con los 23 mandatarios del país –con la única excepción del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta-, no tardó en generar polémica con la oposición, que salió a acusar a la Nación de promover el aumento de impuestos.
“El kirchnerismo tiene una evidente pasión por subir impuestos. A la suba de Bienes Personales que impusieron en el Congreso, se le suma ahora un nuevo Pacto Fiscal que camina en la dirección inversa a la que necesitamos. Se consolida así un nuevo aumento de la presión tributaria”, aseveró por caso el ex ministro de Hacienda durante la gestión de Cambiemos, Nicolás Dujovne, quien consideró que “el kirchnerismo vuelve a ir por la transferencia de recursos desde el sector privado al Estado”.
“La única idea que se le cae a este Gobierno es inventar nuevos impuestos”, agregó el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Luciano Laspina; mientras que el propio Rodríguez Larreta mentó el compromiso de no aumentar la presión fiscal asumido por JxC en la campaña electoral para justificar su ausencia del pacto. “Nosotros asumimos el compromiso con todos los argentinos de no apoyar el aumento o la creación de nuevos impuestos al trabajo, la producción. Vamos a cumplir ese compromiso, que ratificamos los cuatro gobernadores de JxC”, afirmó Larreta.
La respuesta llegó de la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, quien destacó que el pacto fiscal “fue un trabajo de dos meses realizado con todas las provincias” y consideró que el jefe de Gobierno porteño no lo firmó “para poder aumentar los impuestos como quiera”. La funcionaria explicó que el objetivo del acuerdo es “armonizar en materia tributaria a la política que van a tener las provincias de acá en adelante” y aseguró que “no se establecen aumentos impositivos” sino que “se fijan las reglas hacia adelante y se establecen las alícuotas máximas que las provincias podrían llegar a cobrar”.
El diputado Marcelo Casaretto (FdT) agregó que el Consenso Fiscal apunta al “federalismo y el crecimiento equilibrado de la Argentina”, a la vez que adelantó que la iniciativa se tratará en sesiones extraordinarias del Congreso en enero y febrero próximos. El acuerdo “respeta las autonomías provinciales y otorga previsibilidad a las personas y a las empresas”, agregó el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien expresó que “le dará sustentabilidad al sistema tributario argentino”.
Además, el mandatario dijo que las alícuotas de impuestos como Sellos o Ingresos Brutos “no se verán modificadas” en la provincia que conduce; al igual que su par de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien salió a respaldar “el proceso de ordenamiento que conduce el presidente de la Nación, Alberto Fernández y su vocación de diálogo”, y señaló que “la mejor política fiscal es administrar responsablemente los recursos públicos”.
La Nación recibe a la UIA para acercar posiciones
La Unión Industrial Argentina (UIA) informó que su presidente, Daniel Funes de Rioja, mantendrá una “reunión técnica” con la secretaria de Provincias del Interior, Silvina Batakis, el próximo martes para analizar el Consenso Fiscal 2022.
La cumbre buscará “ampliar los puntos de interés del sector industrial respecto a las implicancias del texto del acuerdo”, informó la entidad fabril; que el lunes había considerado que el Consenso Fiscal genera “enorme preocupación” debido a que incrementa la presión tributaria en el sector productivo, al eliminar la reducción progresiva de Ingresos Brutos establecida en el acuerdo de 2017.
La Sociedad Rural fustigó el tributo para la herencia
La Sociedad Rural Argentina (SRA) salió a criticar al Gobierno por “impulsar” un impuesto a la herencia en el nuevo Consenso Fiscal. Un informe técnico elaborado por la entidad advirtió, en efecto, que el tributo “impide el crecimiento genuino, la generación permanente de empleo, el ahorro futuro y el sustento familiar” en el país.
Al respecto, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, afirmó que “el campo y la sociedad no resisten un tributo más, somos la actividad que más paga y pedimos igualdad contributiva con los otros sectores de la economía. Este acuerdo político también debe contemplar una reducción del gasto público”.
