Los haberes jubilatorios acumulan una pérdida del 27,4% desde la modificación del sistema de actualización aplicada por el Gobierno nacional a partir de diciembre de 2023, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El cambio fue instrumentado a través del DNU 274/2024, que reemplazó la fórmula establecida por la Ley 27.609 por un esquema de ajustes atados exclusivamente a la inflación.
De acuerdo con el análisis, la nueva metodología fue una de las claves para que la administración de Javier Milei alcanzara el superávit fiscal, aunque con un impacto directo sobre los ingresos del sistema previsional.
Tras los aumentos de diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886, mientras que, de haberse mantenido la fórmula anterior, habría llegado a $434.279. La diferencia es de $93.393 mensuales por beneficiario.
El documento señala que el esquema derogado, basado en la evolución de salarios y la recaudación de la seguridad social, “hubiera sido superador en el tiempo” y fue eliminado “justo cuando podía empezar a generar mejoras reales”, ya que esos indicadores suelen recuperar terreno frente a la inflación cuando los precios comienzan a desacelerarse.
Según CEPA, con el sistema actual las jubilaciones pueden acompañar la inflación, pero no permiten recomponer lo perdido. El impacto es mayor en quienes perciben el haber mínimo, debido al congelamiento del bono compensatorio en $70.000 desde marzo de 2024. Mientras los haberes básicos crecieron 154% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, la jubilación mínima con bono aumentó solo 101%.
Para conservar su poder de compra original, el bono debería haber alcanzado en diciembre de 2025 los $177.485. Esa diferencia de más de $107.000 mensuales representa, según el informe, el recorte efectivo que enfrentan los jubilados de menores ingresos.
En consecuencia, las jubilaciones con bono quedarían 16,8% por debajo de los niveles del último trimestre de la gestión anterior.
El análisis histórico refuerza ese diagnóstico: el inicio del actual gobierno implicó una caída rápida del poder adquisitivo del 26,3% para las jubilaciones sin bono y del 21,3% para las que lo perciben, ubicando los ingresos reales incluso por debajo del promedio de la década de 1990.
El informe también cuestiona el uso del veto presidencial para frenar iniciativas de recomposición. Recuerda que en agosto de 2025 se anuló una ley que preveía un aumento excepcional del 7,2% y la actualización del bono a $110.000, medida que, de haberse aplicado, habría permitido recuperar parte del poder adquisitivo perdido.
A este escenario se suma el fin de la moratoria previsional en marzo de 2025. Sin ese mecanismo, el CEPA advierte que nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez varones que alcanzan la edad jubilatoria no logran completar los 30 años de aportes y deben recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima y con una edad de acceso más alta para las mujeres.
