La República Argentina defendió este miércoles en Nueva York su apelación al fallo que la condenó a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF S.A., en una causa impulsada por el fondo Burford Capital, con sede en el Reino Unido. Durante la audiencia, los representantes argentinos acusaron al demandante de intentar obstaculizar el regreso del país a los mercados internacionales y remarcaron que el litigio debía haberse resuelto en la justicia local.
La audiencia se desarrolló ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, integrada por los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, quienes escucharon los alegatos de las tres partes: el Estado argentino, YPF y Burford Capital.
Debate sobre la jurisdicción y el derecho aplicable
Durante la exposición, el abogado Robert Giuffra, del estudio Sullivan & Cromwell, quien representa a la Argentina, insistió en que la jueza Loretta Preska aplicó de manera incorrecta el derecho argentino. “Este caso nunca debió resolverse en una corte estadounidense, ya que todos los puntos en disputa giran en torno a normas locales”, afirmó.
Los magistrados interrogaron a Giuffra sobre la diferencia entre derecho público y derecho privado y sobre el concepto de forum non conveniens, clave para determinar si la causa debía tramitar en Buenos Aires o Nueva York. El abogado sostuvo que “la Corte del Distrito inventó un remedio sin precedentes no autorizado por la ley argentina” y que el fallo representa “la mayor condena dictada contra un Estado soberano por el Distrito Sur de Nueva York”.
El Estado argentino sostiene que los demandantes no adquirieron sus acciones en la oferta pública inicial (IPO) de 1993, sino quince años más tarde en transacciones privadas con Repsol, y que estaban al tanto de que cualquier controversia debía resolverse conforme a la ley argentina.
Qué se discute en la apelación
La Corte de Apelaciones revisa tanto la validez de la sentencia de Preska como el monto del resarcimiento, pero no la forma de pago. Preska había sugerido la posibilidad de cumplir con la condena mediante la entrega de acciones de YPF, aunque esa parte también fue apelada.
La Argentina busca que el tribunal anule o reduzca drásticamente el monto y defina que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en un caso “regido por la ley argentina”. De mantenerse la condena, el país podría recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos como última instancia.
La postura de Burford y la defensa de YPF
Por su parte, el abogado Paul Clement, representante de Burford Capital, defendió la jurisdicción estadounidense. Argumentó que “no existe texto alguno en el derecho argentino que establezca remedios exclusivos” y que los accionistas estaban habilitados para demandar por incumplimiento contractual. Además, afirmó que “el foro estadounidense es común cuando existe temor de parcialidad en tribunales extranjeros”.
Burford, que adquirió los derechos para litigar hace una década por 15 millones de euros, podría obtener una ganancia superior al 37.000% si se confirma el fallo. El fondo busca además demostrar que el Estado y YPF actuaron como una sola entidad, bajo la figura jurídica de alter ego, lo que permitiría el embargo de activos de empresas públicas como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas o Enarsa.
La defensa de YPF, por su parte, pidió mantener su exclusión del caso, tal como determinó Preska. La compañía argumenta que actuó dentro de los márgenes de la ley y que no tiene responsabilidad en las decisiones de política estatal.
Argumentos de la Procuración del Tesoro
La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa argentina, subrayó que el caso “se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en ficciones jurídicas de graves consecuencias”. En un comunicado, el organismo destacó que, bajo la gestión del presidente Javier Milei, la estrategia fue “vigorosa e integral”, coordinada entre Buenos Aires y Nueva York, con el objetivo de proteger el patrimonio público y preservar la estabilidad jurídica del país.
“Burford Capital ha manifestado públicamente su intención de poner arena en los engranajes del proceso de normalización de la Argentina”, indicaron los abogados, al advertir que el fondo busca “interferir en la recuperación económica y reputacional de la República”.
La Procuración también agradeció el respaldo de varios Estados que presentaron escritos a favor de la posición argentina, y expresó optimismo en que la Corte de Apelaciones “revertirá la errónea decisión de la Corte de Distrito”.
La cooperación argentina con el tribunal
En el marco de este proceso, la Argentina informó a la jueza Preska su disposición a colaborar con la entrega del material solicitado, que incluye mensajes y correos electrónicos. En una nueva presentación judicial, el Gobierno pidió una prórroga hasta el 21 de noviembre para cumplir con el requerimiento, con el objetivo de obtener el consentimiento individual de los 35 funcionarios y exfuncionarios involucrados.
Fuentes de la Procuración indicaron que el procedimiento se ajusta a las normas de privacidad de la legislación argentina y que la cooperación “no implica una admisión sobre el contenido” de los mensajes, sino una actitud de buena fe ante el tribunal.
Una causa con impacto global
El caso, que ya lleva más de una década en los tribunales de los Estados Unidos, tiene implicancias financieras significativas. De mantenerse el fallo, la Argentina podría enfrentar embargos sobre activos en el exterior y presiones para cumplir con la millonaria condena.
La Cámara de Apelaciones no tiene un plazo definido para emitir su fallo, aunque se estima que podría conocerse durante 2026. Hasta entonces, continuará vigente la incertidumbre sobre uno de los litigios internacionales más costosos para el país desde la crisis de 2001.
En paralelo, las acciones de Burford Capital cayeron más del 15% en el mercado de Londres luego de la audiencia, un reflejo de que los inversores interpretaron los cuestionamientos de los jueces como favorables a la posición argentina.
