Un informe elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), realizado junto a referentes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Techo y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), alertó ayer sobre una realidad social acuciante de la Argentina al revelar que uno de cada tres hogares no tiene una vivienda adecuada, lo que se traduce en más de 4.000.000 de personas con “déficit habitacional”.
Entre las causas que ponen al descubierto la crisis habitacional que azota al país se destacan la falta de acceso al agua potable, cloacas, gas o luz, viviendas precarias y situaciones de vulnerabilidad extrema e incertidumbre para los inquilinos, entre otras.
El estudio señala como causa principal del problema la falta de coordinación entre la política de planificación y la posibilidad de acceso a las viviendas, situación que quedó en evidencia con el aumento de barrios populares (mejor conocidos como “villas miseria”, que en la actualidad existen 5.687 a nivel nacional) donde las condiciones de vida son más precarias y las personas se encuentran expuestas a innumerables factores de riesgo. El estudio indica que más de 5.000.000 de personas viven en esos barrios informales.
Del análisis de los datos, que surgen del último relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) realizado en 2022, se desprende además que el 66% no tiene acceso a la luz; el 90% al agua potable; el 97% a la red cloacal, y el 99% al gas. Asimismo, el relevamiento destaca que los hogares en peores condiciones representan el 32% de la totalidad del país y viven en condiciones deficitarias: 1.300.000 de ellos lo hacen en viviendas compartidas, es decir que se superponen dos o más hogares por vivienda, y 2.600.000 residen en viviendas que requieren ampliación y mejoras por falta de accesos a los servicios esenciales.
Alquileres que se comen los sueldos
Parte del informe realizado por el CIPPEC se centró en la crisis desatada en el mercado inmobiliario para inquilinos y propietarios, a tres años de la sanción de la ley de alquileres. De acuerdo con el reporte, el 20,7% de los hogares alquilan su vivienda que, bajo las condiciones de la nueva ley, sufren dificultades para pagar.
En 2010, ese porcentaje de la población que necesita alquilar llegaba al 16% a nivel nacional, según datos del Indec. Pero el informe indica también que el 32% de quienes hoy alquilan destina más de la mitad de sus ingresos para pagar el alquiler.
Debido a la inflación y al desfasaje entre los incrementos de los salarios frente a los precios minoristas, este porcentaje creció 18,5% entre 2028 y 2022, según las estadísticas de la encuesta inquilina oficial.
Para más datos desalentadores, el 60% de quienes alquilan su hogar deben aceptar aumentos por fuera de la ley de alquileres. Es más, un 77% (de ambas partes) establece el porcentaje y la frecuencia de los aumentos de antemano, según datos del Gobierno de la Ciudad.
