El Gobierno nacional salió a intervenir con fuerza ayer en el mercado de la salud, al anunciar que la mayoría de las empresas de medicina prepaga van a retrotraer los aumentos de sus servicios a los valores de diciembre –más la inflación acumulada desde entonces- y devolverán lo que hayan cobrado por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
Si bien el anuncio fue una especie de orden a las firmas que cursó el vocero presidencial, Manuel Adorni, por la tarde el Gobierno presentó un recurso de amparo a la Justicia reclamando que frene los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga a diciembre pasado, más el citado IPC.
“La Argentina de la avivada se terminó”, remarcó Adorni en su conferencia matutina, donde anunció que el Ministerio de Economía dictó una “medida de cautela anticipada” y que las principales empresas “deberán retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023 ajustadas desde allí por el IPC”. Adorni añadió que la decisión se tomó tras una denuncia por presunta cartelización en el mercado de la salud y agregó que la Superintendencia de Salud (SSS) presentaría una medida cautelar para obligar a las empresas a retrotraer el valor de las cuotas y “devolver el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre”.
Efectivamente, por la tarde, la SSS presentó una acción de amparo donde reclamó a la Justicia que obligue a las empresas a retrotraer los aumentos e incluso le sugirió un esquema para la devolución del dinero a sus clientes: calcular el excedente entre el 70% promedio de inflación y el 140% promedio de suba que aplicaron las principales empresas.
El Gobierno espera así que las principales empresas apuntadas (OSDE, Swiss Medical, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé y Omint) retrotraigan los aumentos y hagan una devolución de dinero a sus afiliados con la cuota que se liquidará este mes. Según los cálculos oficiales, las cuotas deberían reducirse, en promedio, un 33%.
El sector analiza cómo responder
El sector de la medicina prepaga recibió como un baldazo de agua fría la orden del Gobierno de retrotraer parte de los fuertes aumentos que aplicaron desde diciembre pasado, cuando el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei liberó los precios de su actividad.
La intimación oficial fuerza a limitar esas subas a la marcha de la inflación, lo que implicaría recortes de entre el 25% y el 33% a sus precios actuales, según se especula.
Para colmo, el encargado de dar la cara por las empresas, fue Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y titular de la Unión Argentina de Salud (UAS) hasta el lunes pasado. Ocurre que, ante los ataques oficiales, el empresario renunció ofendido por el hecho de que hayan revelado la cantidad de dinero que recibió de parte del Estado en concepto de ATP durante la pandemia de coronavirus -afirmó que el Gobierno de Milei le tiró “un balde de mierda” para desprestigiarlo-.
Sin embargo, en el sector analizan si están obligados a acatar la orden oficial o si pueden enfrentarla en la Justicia. “Todavía no hay nada resuelto. Se están analizando todas las opciones”, dijeron sus fuentes a un diario porteño.
