El Gobierno nacional pretende que la nueva Ley ómnibus se comience a tratar en la Cámara de Diputados recién a mediados de abril, cuando ya pueda tener consolidado el arco de respaldos para garantizarse la aprobación, según transmitieron distintos legisladores que en los últimos días conversaron con altos funcionarios de Javier Milei. En la Casa Rosada ratificaron que la premisa es que el proyecto desembarque en la Cámara baja con “los acuerdos cerrados” de antemano.
Sin embargo, la nueva estrategia significa dilatar el tratamiento y eventual aprobación de una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones: el aumento a la clase pasiva, insisten en el Ejecutivo, llegará cuando se trate la reforma laboral y el resto de la llamada “Ley de Bases”. “Suponemos que lo remitiremos en unas dos semanas, cuando estén listos los consensos”, ratificó ayer en La Nación “una muy alta fuente de la Casa Rosada”.
La decisión choca directamente con el reclamo de los bloques dialoguistas en la Cámara de Diputados, que venían reclamando que la movilidad jubilatoria se trate cuanto antes, y complica las negociaciones. De hecho, la oposición amenaza con impulsar a partir de hoy su propia fórmula de actualización jubilatoria si el oficialismo se resiste a tratar el tema. “Si Milei quiere su ley, que resuelva la situación de los jubilados”, advirtió ayer un legislador de Hacemos Coalición Federal (HCF) que, aclaró, no moverá “ni un pelo” hasta que no se acelere el debate por la movilidad.
El radicalismo, a su vez, convocó a la Comisión de Previsión Social para arrancar el debate por su cuenta pese a la fuerte interna que sacude al centenario partido por la estrategia a tomar frente al gobierno de Milei. Así lo anunció Gabriela Brouwer de Koning, diputada de Evolución que responde políticamente a Martín Lousteau: “No se puede postergar más la respuesta ante la difícil situación que viven los jubilados argentinos. Es misión del Congreso definir una nueva fórmula que asegure el derecho constitucional de movilidad de los aportes y que enfrente la presión inflacionaria”, aseveró la cordobesa.
De esta manera, la comisión respectiva se reunirá hoy al mediodía para comenzar a tratar los diferentes proyectos que hay sobre movilidad jubilatoria. La mayoría coincide en modificar la fórmula sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández de forma tal que se actualice por inflación. El gobierno nacional propone un proyecto similar pero el problema es que plantea que la nueva fórmula comience a aplicarse desde el 1 de abril, congelando así la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses por la inflación -si bien propone una compensación del 10%-.
La canasta de la clase pasiva subió un 239%
La Canasta Básica de los jubilados escaló en los últimos 12 meses un 239%, alcanzando un valor de $ 685.041, de acuerdo con los cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad. En relación a la última medición elaborada en octubre del año pasado, el aumento trepó al 118,73%.
De esta forma, el impacto de la inflación y el ajuste sobre los haberes golpean de lleno en el poder adquisitivo de los jubilados, que cada vez más sufren la brecha entre los gastos mensuales que deben afrontar y sus ingresos.
En este sentido, los $ 685.041 que actualmente se estiman que son necesarios para cubrir los costos básicos que tienen los adultos mayores están muy lejos de la jubilación mínima, que se ubica en $ 134.445 y que alcanza los $ 204.445 con el bono de $ 70.000. En tanto, el haber medio de los jubilados que no recurrieron a las moratorias es de $ 299.407.
