Las tarifas para usuarios residenciales de gas natural en todo el país, así como el Gas Natural Comprimido (GNC) que utilizan los vehículos, tendrán fuertes aumentos en los próximos meses. Además, habrá una indexación mensual a partir del 1° de febrero, posiblemente ligada al índice de precios mayoristas (Ipim), y una “canasta básica energética” para limitar el volumen de subsidios. El objetivo final del Gobierno nacional es bajar el gasto público mediante una reducción sustancial de las transferencias del estado a los bolsillos de los usuarios.
“El sistema energético actual se encuentra con una balanza comercial deficitaria de US$ 30.000 millones en los últimos diez años”, dijo ayer el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, al exponer en la Audiencia Pública convocada de manera virtual por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
En esa oportunidad, Rodríguez Chirillo planteó el traslado gradual a las tarifas del componente precio del Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir el valor del gas generado, que se llevará a cabo en tres etapas del 33% cada una a aplicar el 1° de febrero, el 1° de marzo y el 1° de abril próximos. De esta manera, la segmentación tarifaria actual se mantiene hasta el 1° de abril y el nuevo esquema de subsidios entrará en aplicación a partir de esa fecha.
El cambio principal será la adopción de una Canasta Básica Energética, en lugar del criterio actual de utilizar el equivalente a 3,5 veces la Canasta Básica Total elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La nueva canasta -aún no especificada- apuntará a “determinar los ingresos del grupo conviviente” y que “cubra necesidades básicas de las personas con distintos tipos de consumo en las zonas del país”, inidicó.
Por su parte, las empresas de transporte y distribución de gas natural (Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur, Metrogas, Naturgy BAN, Gasnor, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora de Gas Cuyana, Litoral Gas, Gas NEA y Redengas) pidieron aumentos de entre 350% y 700% en sus márgenes, a fin de recuperar el retraso que acumulan desde abril de 2019.
Respecto a Córdoba, Distribuidora de Gas del Centro (Ecogas, y que además distribuye en Catamarca y La Rioja), representada en la audiencia por María Guadalupe Morra, solicitó una suba de 449% en el área de concesión, con un impacto promedio en la tarifa del 190%. La directiva explicó que la factura promedio actual de los usuarios residenciales está en alrededor de $4.500 mensuales, “cifra que representa solo el 1,1% de la Canasta Básica que mide el Indec”, aseguró. En ese sentido, comentó que el impacto final en las facturas de Centro será, en promedio, de $ 5.000.
Ante este panorama y de acuerdo a lo anticipado por el portal el Cronista, las asociaciones de defensa del consumidor ya se preparan para dar la batalla ante la Justicia, con la intención de conseguir, como en 2016, que la Corte Suprema frene los aumentos e imponga criterios de mayor gradualidad aún.
