Mientras el Gobierno busca poner el acento en la recuperación de la economía de este año, mercados y acreedores observan como corre el calendario, preocupados porque los días pasan y las señales concretas de un acuerdo con el FMI no aparecen. El panorama financiero luce más que exigente para las exiguas reservas del Banco Central: en diciembre hay un nuevo vencimiento con el FMI (US$ 1.800 millones), en enero otro con bonistas que entraron al canje de deuda (US$ 800 millones), y entre febrero y marzo US$ 3.330 millones con el Fondo y US$ 2.100 con el Club de París.
En este último caso, se le dio un último margen a la Argentina este año y puso como condición que el país primero cierre un acuerdo con el FMI. Sumando todos los vencimientos, el país debería afrontar poco más de US$ 8.000 millones en menos de cuatro meses, mientras se agranda el coro de economistas que alertan sobre reservas líquidas negativas en el Banco Central.
El consenso de especialistas coincide en que, con toda la furia, las reservas que podría usar el BCRA rondan los US$ 6.000 millones. Una simple cuenta explica la desconfianza de los acreedores sobre la capacidad de pago del país, que siempre se termina traduciendo en más incertidumbre cambiaria. El stress financiero es enorme, y se refleja en el mal humor mostrado por los que operan en Bolsa tanto aquí, como sobre todo en Nueva York, donde hubo fuertes caídas en los ADRs de empresas argentinas.
La perspectiva es que el directorio del BCRA se va quedando sin herramientas para evitar la sangría, aunque la inventiva suele ser interminable en la complicada historia financiera de la Argentina. Lo demuestran los nuevos torniquetes que se le van aplicando al cepo cambiario, que ahora también alcanzó al turismo en cuotas al exterior. Da la impresión de que se acabaron las palabras de cortesía y ahora se va hacia una guerra abierta contra quienes se quieren llevar puesto todo forzando una devaluación de shock. Esa tensión se manifestó con claridad en la decisión de obligar a las entidades financieras a vender los dólares propios al BCRA a más tardar el 1 de diciembre.
Es una medida que causó incomodidad, por no decir preocupación, en las casas matrices de algunos bancos de primera línea, pero también entre las entidades de menor porte, algunas de las cuales están focalizadas en el segmento pyme.
Las empresas, por su parte, están preparadas para que en diciembre les pisen casi totalmente las importaciones.
Martín Redrado, ex presidente del BCRA, pero sobre todo cada vez más señalado por dirigentes de diálogo con la vicepresidenta Cristina Kirchner como futuro ministro de Economía, brindó un extenso reportaje en el que lanzó advertencias muy duras sobre el escenario financiero: estimó que el BCRA solo tiene reservas hasta marzo próximo y dio un dato que explica la preocupación de los importadores. Dijo que un mes normal de importaciones son US$ 5.500 millones y los pagos al FMI suman casi US$ 4.000 millones hasta marzo, lo cual confirma la sospecha de que será difícil importar algo en diciembre.
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, buscó esta semana llevar alguna tranquilidad a los principales hombres de negocios enrolados en el influyente consejo Cicyp. Los referentes empresariales que lo escuchaban en el Alvear Palace se quedaron murmurando por lo bajo algunas dudas que dejó el discurso del ministro coordinador. Es que Manzur dijo que buscarán por todos los medios un acuerdo con el FMI, pero se sinceró con una frase que hizo ruido: dijo que «ordenar el problema, resolverlo, desatarlo, concluirlo, va a llevar mucho tiempo».
El deterioro de las reservas comenzó a hacer surgir otra pregunta en el mercado, que todavía no se terminó de instalar con fuerza. Un economista muy consultado en la city porteña hizo circular entre sus clientes un informe que, por si faltara poco, abre un interrogante adicional a los que se vienen planteando: estima que será necesaria una reapertura de la negociación del canje de deuda con los bonistas que se terminó de cerrar hace apenas más de un año. Una de las razones que esgrime es que a partir de mediados de 2024 empezarán a caer los vencimientos, que, entre capital e intereses, rondan los US$ 1.900 millones. A partir de allí, los compromisos empiezan a hacerse cada vez más exigentes, todo con un riesgo país insostenible, que se mantiene en la zona de los 1.900 puntos.
