El oficialismo tuvo que ceder nuevamente ayer en la Cámara de Diputados para conseguir dictamen favorable al proyecto de Inocencia Fiscal II, al aceptar la condición de los bloques aliados: establecer una prohibición para que los funcionarios de los tres poderes del Estado no puedan ingresar al blanqueo de capitales establecidos en esta iniciativa.
El dictamen de mayoría
La Libertad Avanza logró un dictamen de mayoría con 44 firmas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, con lo cual el despacho estará en condiciones de ser debatido en la sesión prevista para el 26 de agosto.
El despacho contó con el respaldo del PRO, la UCR, Innovación Federal, y Producción y Trabajo, lo cual le permitirá poder sancionar esta iniciativa clave para el Gobierno en busca de lograr ampliar la base de contribuyentes que ingresen los dólares adquiridos en el sistema informal.
La votación se adoptó en el último tramo del plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, que presiden los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, luego de concluir con la ronda de consultas a funcionarios y especialistas.
La exposición de los funcionarios
Uno de los puntos claves de las modificaciones introducida por el oficialismo es la exclusión total de los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones de inocencia fiscal que dispone la iniciativa, algo que había sido reclamado enfáticamente por los opositores –incluso aliados- luego de los escándalos de corrupción desatados en el gobierno de Javier Milei, con el caso Manuel Adorni como emblema.
Si bien los funcionarios podrán hacer uso del sistema simplificado únicamente como un canal operativo para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y la cancelación del saldo correspondiente, pero no podrán gozar de la presunción de exactitud, de la liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria del régimen.
La exclusión abarca a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante.
“Los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante. No hay margen para especulaciones: la transparencia de la función pública es un pilar innegociable”, aseveró Rodríguez Machado.
El problema de los familiares
Sin embargo, la iniciativa sí deja abierta la posibilidad de que los familiares de los funcionarios se adhieran a este sistema de blanqueo, como ya hizo la mujer de Adorni, Bettina Julieta Angeletti, el 31 de mayo pasado, días antes de que el entonces jefe de Gabinete presentara su declaración jurada patrimonial, que hoy investiga la justicia.
Vale recordar que en los últimos días se conoció que Angeletti tuvo un crecimiento de su facturación del 1.440,97% entre octubre y diciembre de 2024, en relación al mismo período anterior, según determinó la investigación del fiscal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni.
El salto patrimonial de Angeletti coincide con el período de Adorni como funcionario estrella del Gobierno de Javier Milei. El patrimonio de Adorni y de su cónyuge “no funcionan como compartimentos estancos, sino como una unidad económica de hecho. Ambos integran un mismo grupo conviviente, comparten bienes, afrontan gastos comunes y canalizan pagos desde cuentas de uno u otro según la operación”, aseveró el fiscal Pollicita en el requerimiento de justificación patrimonial presentado al juez Ariel Lijo contra los acusados. Según la resolución del fiscal, los números de la familia Adorni tienen graves inconsistencias y por eso deben dar explicaciones.
Los detalles del proyecto
Por lo pronto, el flamante proyecto de Inocencia Fiscal II incorporó las citadas restricciones para funcionarios y empleados con jerarquía igual o superior a Secretario de Estado en los ámbitos nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cada Poder Ejecutivo.
Respecto al Poder Legislativo, quedan excluidos los legisladores nacionales, provinciales, de CABA, concejales municipales y parlamentarios del Mercosur; así como también los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público y los Órganos de Control y Enjuiciamiento.
Por otro lado, la iniciativa elimina los topes de 1000 millones de pesos de ganancias y de 10.000 millones de pesos de patrimonio para poder ingresar al sistema, con el fin de “permitir que ingresen los grandes contribuyentes”, según se informó.
También se incorporan correcciones para reducir la carga punitiva sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), ya se establece una reducción del 25% de las multas por infracciones formales.
Esto se suma a otras medidas que ya estaban contempladas en la ley original, como el Régimen Especial de Reducción del 50% y establece que diferencias inferiores al 5% del 15% en la declaración jurada no constituirán discrepancia para que pueda actuar ARCA.
“Esta norma tiene un concepto claro: no se busca condenar a quienes cumplen. Es un esquema estrictamente tributario. Queremos darles previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que hacen el esfuerzo diario por estar al día”, argumentó Rodríguez Machado.
