Entidades gremiales y asociaciones de consumidores pidieron un “minucioso análisis” y una revisión “a fondo” de los costos de producción de gas y de generación de la energía eléctrica antes de que se defina un eventual aumento de tarifas, y sostuvieron que el valor de éstas debe “razonable”, con “niveles de ganancias empresariales razonables” también. Así lo expresaron a través de un pronunciamiento suscripto, entre otras organizaciones, por la CGT, la CTA, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) y la Cámara de Empresarios Bonaerenses para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor (Focava).
Allí, plantearon que, “para determinar el valor de las tarifas, es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad”, e indicaron que “un puñado de empresas energéticas reciben desde 2016 ganancias extraordinarias producto de la dolarización de los precios del gas y la electricidad”, lo que implicó “una fabulosa transferencia de recursos desde la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de empresas”.
En el texto de una solicitada anticipada a través de un comunicado de prensa, las entidades y organizaciones firmantes sostuvieron que, “quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa los costos reales de las empresas, implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino”.
Desde este martes, el Gobierno nacional llevará adelante tres audiencias públicas sucesivas para la definición de nuevos precios que regirán a partir del 1 de junio del gas natural a boca de pozo y del costo estacional de generación eléctrica, como así también una segmentación de tarifas que le permita reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas.
Centro de las diferencias con el kirchnerismo, el proceso de actualización tarifaria definido por el Ministerio de Hacienda en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue defendido por su titular, Martín Guzmán, quien ayer consideró que la segmentación tarifaria “le hace bien al país” y cuestionó el nivel actual de los subsidios energéticos, equivalente a “3 o 4 puntos del Producto (PBI)”, por su impacto en el déficit fiscal.
En otro orden, la petrolera YPF no se quedó atrás y, luego de que Axion y Shell anunciaran el domingo un aumento en el precio de sus combustibles, también comunicó un ajuste en los surtidores. La empresa estatal informó que la suba será del 9% en promedio en todo el país, lo que “sigue al ajuste de precios realizado por las principales comercializadoras durante el fin de semana y permite evitar que se siga ampliando la brecha de precios ya existente con la competencia”.
