La agencia de riesgo crediticio Moody’s consideró que el proceso de ajuste macroeconómico que atraviesa la Argentina limitará los beneficios soberanos derivados del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), pese a reconocer que el tratado fortalecerá los vínculos comerciales y de inversión con el bloque europeo.
“Los beneficios soberanos serán más acotados, ya que el país atraviesa un proceso de ajuste macroeconómico”, señaló la calificadora en un comunicado. No obstante, Moody’s afirmó que el acuerdo permitirá mejorar el desempeño exportador y el ingreso de divisas al país.
Según el informe, la fuerte demanda de importaciones prevista durante la etapa de transición económica restringirá el impacto positivo sobre las cuentas externas y las reservas internacionales. En ese sentido, la firma advirtió que la coyuntura económica interna condiciona cualquier mejora inmediata en la calificación crediticia soberana.
A pesar de que el pacto podría fortalecer los vínculos de inversión y ampliar el acceso a mercados, la fragilidad de los indicadores macroeconómicos actuales actúa como un freno para que esos beneficios se traduzcan rápidamente en un alivio para las finanzas públicas.
El reporte analiza las implicancias del acuerdo para los países del Mercosur, luego del cierre de negociaciones que se extendieron durante más de 20 años. A nivel regional, Moody’s consideró que el tratado es positivo para la calidad crediticia de los países involucrados, ya que impulsa la diversificación comercial y mejora el acceso a mercados internacionales.
Sin embargo, la agencia alertó que los beneficios de corto plazo son limitados debido a los desafíos políticos en ambas regiones y al prolongado proceso de ratificación que aún debe atravesar el acuerdo.
En la actualidad, la implementación del tratado se encuentra pausada luego de que el Parlamento Europeo solicitara, el pasado 21 de enero, una revisión de legalidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El organismo deberá evaluar si el acuerdo limita la capacidad de la UE para fijar políticas ambientales y de protección al consumidor, en un contexto donde el cumplimiento del Acuerdo de París ocupa un lugar central en el debate.
