La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel «Kelly» Olmos, afirmó hoy que la suma fija de 60.000 pesos «es para acompañar a los trabajadores en el impacto de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que trajo el macrismo a la Argentina».
En declaraciones formuladas a Radio Provincia, la funcionaria se refirió a la suma fija de 60.000 pesos que, en dos cuotas a cobrar en septiembre y octubre, deberán percibir aquellos trabajadores -del sector privado y público- que hayan tenido salarios inferiores a los 400.000 pesos por todo concepto en el mes de agosto.
«La idea es poder compensar el salto inflacionario por la devaluación no deseada pero impuesta por el FMI», reiteró.
En este marco, señaló que esa suma quedará inhabilitada para comprar dólares en el mercado cambiario. El dólar ahorro al que acceden unos 700.000 argentinos cada mes, que se opera en torno a los $640 por unidad y que tiene un cupo mensual de USD 200, quedaría así aún más limitado. Por otro lado, indicó que habrá multas para quienes no paguen el extra decidido por el Estado.
La aclaración fue emitida en otra emisora, conocida como Urbana Play. Allí, la funcionaria respondió afirmativamente a la consulta respecto a si los que perciban el bono quedarán impedidos de comprar dólares.
Además, detalló que «en las microempresas, emprendimientos de hasta 10 trabajadores, el Estado asume el 100 por ciento del costo; en aquellas pymes de hasta 110 o 120 trabajadores, el Estado concurre con el 50% del costo; y en las medianas y grandes, deben absorberlo ellas».
Consultada sobre qué ocurrirá en el caso de las compañías que no abonen la suma fija, Olmos respondió que será necesario contar con «el acompañamiento de los gremios para identificar a las empresas» y precisó que, además, «trabajadores tienen canales anónimos para denunciar el incumplimiento».
En la misma línea, Olmos destacó el rol que tendrán los sindicatos para detectar las faltas de los empleadores. “Debemos tener el acompañamiento de los gremios para identificar aquellas empresas que no paguen o el trabajador tiene canales anónimos para la denuncia. Ahí actúa la fiscalización”, había indicado ayer.
En este sentido, afirmó que habrá penalidades para las compañías que no otorguen el bono, el cual le corresponde a quienes tienen salarios de hasta $ 400.000 netos (alrededor de $ 481.000 brutos, dependiendo de los descuentos) al mes de agosto.
“Si no pagan, tienen una infracción. Van a tener que pagarlo y, encima, una multa”, advirtió la funcionaria, que aseguró que se apoyarán en los gremios para la fiscalización.
Luego planteó que si bien el Gobierno nacional no posee «competencia para imponer la decisión en las provincias o municipios», el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, invitó a los gobernadores e intendentes a hacerlo».
«Acá hay dos proyectos: el del Gobierno, que es de producción y trabajo; y el de la oposición, que sólo propone el ajuste como hizo Patricia Bullrich cuando como ministra de Trabajo recortó 13 puntos los salarios», concluyó Olmos.
