El Gobierno nacional confirmó este martes que dará inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa responsable de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló que la venta de hasta el 44% de las acciones será mediante licitación pública nacional e internacional, mientras el Estado mantendrá el 51% y el control mayoritario de la compañía.
El proyecto también contempla un Programa de Propiedad Participada, que reservará hasta el 5% del capital para los trabajadores de la empresa, según informó la Secretaría de Energía.
Durante 2023, la compañía recibió transferencias de capital por $700 millones (aproximadamente US$2 millones), mientras que en 2024 no hubo aportes, lo que refleja un cambio hacia un modelo de mayor participación privada, indicó el Gobierno. La administración sostiene que la medida permitirá financiar proyectos estratégicos como la extensión de vida de Atucha I y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).
Trabajadores alertan sobre riesgos
La Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) cuestionó la privatización, advirtiendo que NASA garantiza cerca del 9% de la electricidad del país a precios accesibles, sostiene empleo calificado y promueve la industria nacional, la ciencia y la tecnología.
Según los profesionales, la venta podría incrementar tarifas eléctricas, poner en riesgo la soberanía energética y socializar riesgos de largo plazo. También remarcaron que la administración ya privatizó IMPSA, cuestionando el beneficio real para la sociedad.
Además, señalaron que la privatización se produce en un contexto de reducción de salarios, recorte de proyectos y despidos en el sector nuclear, afectando la seguridad y previsibilidad de las operaciones.
Inclusión de trabajadores y control del Estado
El programa de participación accionaria permitirá que los trabajadores accedan hasta un 5% del capital de NASA. Según el Gobierno, esto busca incluir a los empleados en la propiedad de la compañía y asegurar continuidad operativa, acceso a capitales privados y diversificación de riesgos.
El Ejecutivo asegura que el Estado mantendrá el control mayoritario, y que la privatización parcial no comprometerá la operación de las centrales, pero los trabajadores y especialistas alertan sobre el impacto en la tarifa eléctrica y la pérdida de capacidad estatal para la planificación estratégica del sector nuclear.
La capacidad instalada cae a 58,2% en julio con retrocesos interanual y mensual
