El Gobierno nacional oficializó una modificación del Presupuesto 2026 con recortes y reasignaciones de partidas por más de $2,5 billones, en el marco de la estrategia para sostener el «superávit fiscal». La medida impactó sobre distintas áreas del Estado, entre ellas educación, Defensa, transferencias a provincias y programas de infraestructura.
La decisión fue formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y Luis Caputo, ministro de Economía. Según argumentó el Ejecutivo, los cambios responden a la necesidad de “adecuar los créditos presupuestarios” y garantizar el equilibrio de las cuentas públicas.
Uno de los principales ajustes alcanzó al sistema universitario. El Gobierno redujo en más de $78.000 millones las partidas destinadas a infraestructura y funcionamiento de universidades nacionales, lo que incluyó la paralización de distintas obras. La medida volvió a generar preocupación en el sector educativo por el financiamiento de las casas de estudio y el avance de proyectos ya iniciados.
Menos transferencias y obra pública
Las provincias también quedaron alcanzadas por la reestructuración presupuestaria. La quita en transferencias corrientes y partidas vinculadas a obra pública superó los $970.000 millones, con impacto sobre programas de infraestructura, mantenimiento vial y proyectos financiados por el Estado nacional.
La reducción de envíos ocurre en medio de las tensiones entre la Casa Rosada y distintos gobernadores por la distribución de recursos y la continuidad de obras paralizadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei, presidente de la Nación.
Ajuste en Defensa y cambios previsionales
Otra de las áreas afectadas fue Defensa. El Ejecutivo aplicó un recorte superior a los $46.000 millones en partidas destinadas al alistamiento militar y al funcionamiento operativo de las Fuerzas Armadas.
En paralelo, la modificación presupuestaria amplió en $500.000 millones el fondo destinado al pago de juicios previsionales y acuerdos transaccionales. De esta manera, el crédito total para ese concepto ascendió a $712.288 millones.
Parte de la reasignación también estuvo vinculada al plan de retiros voluntarios impulsado en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo que avanza con una reducción de personal dentro de la política oficial de recorte del gasto estatal.
Además, el Gobierno dispuso refuerzos presupuestarios para el Consejo de la Magistratura, principalmente para cubrir gastos de personal y bienes de uso.
Desde el oficialismo sostienen que las modificaciones apuntan a consolidar el equilibrio fiscal y profundizar la reducción del gasto público, uno de los principales ejes económicos de la administración libertaria.
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