Las universidades públicas y las entidades agropecuarias manifestaron su rechazo al proyecto de reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) impulsado por el Gobierno nacional. El cuestionamiento apunta principalmente a la modificación del esquema de gobernanza, la pérdida de autonomía financiera y operativa, y la posibilidad de recortes significativos en su estructura y personal.
Postura universitaria
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a todas las universidades nacionales, difundió un comunicado en defensa del organismo, donde expresó su respaldo a los trabajadores del INTA y alertó sobre los riesgos de una eventual intervención directa del Poder Ejecutivo. En particular, se refirieron al intento de alterar la actual composición del Consejo Directivo, donde las universidades tienen representación a través de las Facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias.
“El planteo del Gobierno busca imponer un control directo y unilateral sobre el organismo, rompiendo con su histórico modelo de gobernanza democrática”, señalaron desde el CIN.
También subrayaron la “calidad técnica y compromiso institucional” de los actuales miembros del Consejo y su vinculación con entidades académicas y agropecuarias.
En el mismo sentido, el comunicado calificó como “alarmante” el desconocimiento del Ejecutivo respecto a los números del INTA y del sector agropecuario en general. “Coincidimos con el personal del organismo en cuanto a la gravedad de la situación y defendemos un INTA independiente, que genere tecnología con impacto local, regional, nacional y exportable”, concluyó el texto.
El campo también se opone
La Mesa de Enlace, integrada por CRA, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural, mantuvo una reunión con representantes del Ministerio de Agricultura y del INTA para transmitir su preocupación por los cambios que se evalúan en el ente.
En ese marco, los dirigentes rurales exigieron que se mantenga la autarquía, la estructura de Centros Regionales y la composición del Consejo Directivo con participación de actores del sector agropecuario. “El INTA es una herramienta clave para el desarrollo territorial, con fuerte presencia en todo el país”, advirtieron.
A pesar de ello, reconocieron la necesidad de discutir una actualización de su funcionamiento. “Queremos un INTA más eficiente y moderno, pero sin perder su esencia”, indicaron en un comunicado conjunto.
Sturzenegger defendió la reestructuración
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ratificó el rumbo del Gobierno y defendió los cambios. Aseguró que el Estado estaba “sobredimensionado” y que muchos de los recortes no afectaron la prestación de servicios.
“El INTA tiene 6000 empleados, cuando en 2003 eran la mitad. Es válido preguntarse si necesita esa dotación actual”, afirmó. También cuestionó el uso de 3000 vehículos en el organismo y vinculó su presupuesto –$400.000 millones– con lo recaudado por retenciones al maíz, para ilustrar lo que consideró un gasto desproporcionado.
Por otra parte, señaló que asociaciones como Aapresid ya financian sus propios sistemas de innovación agrícola y que, en algunos casos, contratan exingenieros del INTA porque “el organismo no les brinda soluciones”.
Aun así, sostuvo que el proceso no busca eliminar al ente, sino evaluar y mejorar su funcionamiento. “La idea es rediseñarlo, no destruirlo”, concluyó.
