Una junta médica evaluará el próximo 10 de febrero de 2026 si Cristian “Pity” Álvarez se encuentra en condiciones psíquicas de afrontar el juicio oral por homicidio agravado y otros delitos, en una causa que permanece suspendida desde marzo de 2023. La definición será clave para determinar si el proceso penal, iniciado por un hecho ocurrido en 2018, puede finalmente reanudarse.
La instancia judicial se produce pocos días después del regreso del músico a los escenarios, cuando el pasado 20 de diciembre encabezó un recital ante unas 35.000 personas en el estadio Mario Alberto Kempes. Esa reaparición pública reactivó la atención sobre su situación judicial y derivó en una serie de medidas impulsadas por la fiscalía para sumar elementos a la evaluación médica.
En ese marco, el Ministerio Público Fiscal dispuso que efectivos de la Policía Federal filmaran el show, con el objetivo de incorporar las imágenes como material de análisis para la junta médica. El operativo generó conflictos con la organización del recital y dio lugar a denuncias judiciales contra funcionarios y productoras involucradas. Pese a las dificultades, las filmaciones fueron finalmente incorporadas a la causa y serán evaluadas por los peritos.
Álvarez está imputado por un homicidio ocurrido en 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano, además de portación ilegítima de arma de uso civil y privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas. La causa se tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, con la intervención del fiscal general Sandro Abraldes.
Según la legislación procesal, una persona debe ser considerada imputable tanto al momento del hecho como durante el desarrollo del juicio. En este caso, la defensa del cantante logró que fuera declarado inimputable de manera provisoria, en base a informes psiquiátricos y psicológicos, lo que derivó en la suspensión del debate oral. El expediente no fue cerrado ni anulado, sino que permanece en pausa hasta que se determine si el acusado puede participar del proceso.
El músico es sometido a evaluaciones médicas periódicas. De hecho, la autorización para viajar a Córdoba fue otorgada recién el miércoles 17 de diciembre, a menos de 72 horas del recital, debido a que no se había presentado previamente ante el Cuerpo Médico Forense para cumplir con los exámenes requeridos.
Tras el show, el fiscal Abraldes impulsó dos denuncias vinculadas al operativo realizado durante el evento. Una de ellas fue presentada contra Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes y de la Asociación Argentina de Tenis, así como contra una de las productoras involucradas. En ese escrito sostuvo que no se habrían garantizado las condiciones solicitadas para el ingreso de efectivos federales al estadio.
En paralelo, el fiscal presentó otra denuncia contra la productora Pop Art Music, al considerar que se habría limitado el accionar policial dentro del estadio, restringiendo el acceso a imágenes del músico, pese a que los efectivos manifestaron estar actuando por orden judicial. Desde la Agencia Córdoba Deportes respondieron que la actuación de Álvarez contaba con autorización judicial y que la organización del evento estaba a cargo de la productora, como ocurre habitualmente en espectáculos masivos.
En relación con el hecho de 2018, el juez Martín Yadarola descartó que Álvarez haya actuado bajo un cuadro de delirio persecutorio. En su resolución sostuvo que este tipo de trastorno implica creencias irracionales sin sustento en la realidad, algo que, según explicó, no resulta compatible con las circunstancias del caso, que incluyeron diálogo previo, una discusión y una confrontación que culminó con el ataque armado contra Cristian Díaz.
Por ese motivo, el magistrado procesó al músico por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La continuidad del juicio dependerá ahora del dictamen que emita la junta médica en febrero, una audiencia que será determinante para el futuro judicial de Pity Álvarez.
