En un clima de profunda inquietud por el futuro habitacional de los sectores más vulnerables, la Iglesia Católica de Córdoba, en conjunto con la Mesa de Barrios Populares, lanzó este jueves una fuerte advertencia contra el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada”. Durante un encuentro con los medios realizado en la sede del Arzobispado de Córdoba, los referentes sociales y religiosos denunciaron que esta iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, representaría un grave retroceso en los derechos adquiridos y pondría en riesgo la supervivencia de miles de hogares.
La conferencia de prensa contó con la presencia del cardenal Ángel Rossi SJ, arzobispo de Córdoba; el Pbro. Melchor López, vicario de los Pobres; Ayelén Cabaña, referente de la organización TECHO; y Débora Koraj, vecina de un barrio popular. Los expositores coincidieron en que el proyecto gubernamental pretende desmantelar los pilares de la Ley 27.453, una normativa clave que ha permitido avanzar en la regularización dominial y la integración socio-urbana en todo el territorio nacional. De aprobarse esta nueva ley, se verían debilitadas herramientas fundamentales como la suspensión de desalojos y el acceso progresivo a servicios esenciales como el agua potable, la energía eléctrica, el saneamiento y una vivienda digna.
Un golpe a la regularización dominial y los servicios básicos
El núcleo de la preocupación reside en la modificación de aspectos centrales de la legislación vigente. Según se expuso en el encuentro, la actual Ley 27.453 es la que sostiene el andamiaje jurídico para que las comunidades en situación de pobreza puedan aspirar a un título de propiedad y a una urbanización real. En la provincia de Córdoba, se estima que más de 40 mil familias podrían verse directamente afectadas si se eliminan o debilitan estas protecciones. Actualmente, existen 318 barrios registrados dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en territorio cordobés, los cuales quedarían en una situación de vulnerabilidad jurídica extrema ante el nuevo escenario normativo.
Los referentes explicaron que el proyecto de «Inviolabilidad de la propiedad privada» choca frontalmente con los procesos de integración urbana que se vienen desarrollando. Ayelén Cabaña, de la organización TECHO, fue contundente al señalar que esta propuesta legislativa “desarma los instrumentos estructurales que sostienen la integración socio-urbana”. Cabaña remarcó que el 75% de los barrios populares de Córdoba tienen más de 20 años de antigüedad, lo que demuestra que no son asentamientos recientes, sino comunidades consolidadas que aún esperan que el Estado garantice condiciones de vida dignas. La referente alertó que el cambio en las reglas de juego dejaría a miles de ciudadanos sin el paraguas legal que hoy frena los desalojos y promueve la llegada de infraestructura básica.
Por su parte, el cardenal Ángel Rossi enfocó su discurso en la dimensión ética y humana de la crisis. Con una mirada pastoral, el arzobispo vinculó la carencia habitacional con el sufrimiento más profundo de la sociedad actual. En una de las frases más resonantes de la jornada, afirmó: “Probablemente no hay palabra alguna que resuma mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto ‘sin hogar’”. Para Rossi, el acceso a la vivienda no es una cuestión de caridad, sino un imperativo de justicia que el Estado y la sociedad deben cumplir de forma prioritaria.
Además, hizo un llamado urgente a las autoridades para que se comprometan a garantizar que “toda familia tenga un techo digno, acceso a agua potable y a servicios básicos”. En su intervención, Rossi subrayó que el reconocimiento de los derechos de los más pobres es una obligación ineludible: “la deuda social y ambiental con los pobres de las ciudades se paga haciendo efectivo el derecho sagrado a las tres T: tierra, techo y trabajo. No es filantropía, es una obligación de todos”. Esta postura refuerza el histórico compromiso de la Iglesia de Córdoba con los sectores excluidos, bajo la premisa de tener «un oído en el Evangelio y otro en el pueblo».
Para dar una magnitud técnica al problema, el padre Melchor López repasó los logros alcanzados gracias a las políticas públicas que hoy están bajo amenaza. Recordó que el RENABAP permitió identificar 6.467 barrios populares en todo el país, donde residen más de 5 millones de argentinos. Según el vicario de los Pobres, es en estos territorios donde se concentra el núcleo duro de la pobreza e indigencia nacional. La implementación de la ley actual ha facilitado obras de integración en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante convenios con 130 municipios, 18 provincias y 160 organizaciones sociales y territoriales.
Obras paralizadas y el fantasma de los desalojos
La conferencia de prensa no solo sirvió para discutir marcos legales, sino también para visibilizar el impacto concreto que el freno a las políticas de integración ya está teniendo en los barrios. Ayelén Cabaña compartió datos alarmantes sobre la situación actual: se han contabilizado 671 obras de urbanización paralizadas en todo el país. Además, la desfinanciación de programas sociales ha dejado a más de 11 mil mujeres con desembolsos pendientes del programa Mi Pieza, un recurso vital para la mejora de viviendas precarias.
Lo más preocupante para la Mesa de Barrios Populares es el resurgimiento de la amenaza de expulsión. Actualmente, existen 150 juicios de desalojo activos que ponen en vilo a más de 4.500 familias argentinas. La derogación o modificación de la Ley 27.453 quitaría el freno legal a estos procesos, desatando una crisis habitacional y social de proporciones impredecibles.
Desde la perspectiva de quienes viven en estos barrios, Débora Koraj aportó su testimonio sobre la importancia de la organización comunitaria. Destacó el rol fundamental de las cooperativas de trabajo para fortalecer las redes vecinales y el desarrollo de cada comunidad. Koraj subrayó que herramientas como el Certificado de Vivienda Familiar (CVF) han sido un avance histórico que permitió a muchas familias ser reconocidas por el Estado, acceder a servicios y defender su derecho a permanecer en su lugar. “Defender una ley que reconoce derechos y brinda herramientas concretas a los barrios populares” es, para la vecina cordobesa, una cuestión de justicia elemental.
La jornada en el Arzobispado concluyó con un pedido unánime de las entidades convocantes: sostener y profundizar las políticas de integración urbana. El llamado final fue a continuar trabajando de manera conjunta por ciudades que no excluyan a sus habitantes más pobres, buscando asegurar oportunidades y condiciones dignas para todos los ciudadanos, sin distinción de su código postal.
“Un Código de Convivencia donde haya lugar para todos”, reclamó el Arzobispado de Córdoba
