El número de audiencias en procesos vinculados con violencia familiar y de género registró un fuerte incremento en la ciudad de Córdoba tras la implementación del nuevo sistema de gestión judicial. De acuerdo con datos oficiales, el aumento alcanzó el 213% durante los primeros 16 meses de funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) a través del Tribunal de Gestión Asociada (TGA).
El relevamiento fue realizado por la Oficina de Coordinación en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil del máximo órgano judicial provincial y compara la actividad actual con la registrada en períodos anteriores a la puesta en marcha del nuevo esquema de trabajo.
Según el informe, además del crecimiento en la cantidad de audiencias, también se registró un aumento del 12,66% en las medidas cautelares dictadas en estos procesos. En paralelo, las denuncias por violencia familiar y de género tuvieron un incremento menor, del 5,3%, lo que evidencia una mayor capacidad de respuesta del sistema judicial frente a estos casos.
Desde el TSJ destacaron que los resultados responden al cambio integral en la gestión del fuero, que incluyó la revisión de procedimientos, estructuras y funciones para mejorar la eficiencia en el tratamiento de expedientes vinculados a una problemática de alta sensibilidad social.
La secretaria general del tribunal, Agustina Olmedo, subrayó la importancia de estos avances en el marco de las reflexiones que cada año genera el Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo.
“Las cifras adquieren una relevancia particular en esta fecha que nos invita a revisar las prácticas, el camino recorrido y los logros alcanzados, y a renovar el compromiso de seguir implementando iniciativas que garanticen el derecho de acceder a la justicia”, expresó.
Cambios en la gestión judicial
La estrategia institucional del TSJ para abordar la violencia familiar y de género comenzó a consolidarse en 2015, cuando se creó una oficina de coordinación especializada para tratar de manera transversal estas problemáticas dentro del sistema judicial.
Desde entonces, el organismo impulsó más de 100 acuerdos reglamentarios que establecen protocolos de actuación y mecanismos destinados a agilizar la intervención judicial y mejorar la protección de las víctimas.
Entre las medidas implementadas se destacan la creación de un formulario específico para recibir denuncias de violencia familiar, que incluye indicadores de gravedad para establecer prioridades en la atención de los casos. También se incorporó la notificación electrónica de medidas cautelares, lo que permite una intervención más rápida ante situaciones de riesgo.
Asimismo, se estableció la lectura compartida de expedientes entre operadores judiciales de distintos fueros, con el objetivo de garantizar un abordaje integral y evitar resoluciones contradictorias.
Protección y herramientas tecnológicas
El sistema también contempla acciones de protección inmediata para las víctimas. En este marco, se desarrollaron acuerdos con organismos externos que permiten activar protocolos de alojamiento de emergencia y la utilización de dispositivos de seguridad, como la pulsera electrónica dual o el botón antipánico.
Más recientemente, el Poder Judicial incorporó herramientas informáticas específicas para la tramitación de estos procesos, destinadas a agilizar la elaboración de resoluciones, audiencias y oficios. Además, se implementó un sistema de alertas para el seguimiento de las causas.
Según explicaron desde el TSJ, estas innovaciones también buscan mejorar la comprensión de las medidas judiciales mediante el uso de un lenguaje más claro y accesible para quienes reciben las resoluciones.
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