Las cifras oficiales difundidas por el Gobierno de Córdoba trajeron, a primera vista, una señal alentadora: entre enero y octubre de 2025 la superficie incendiada cayó más de un 80% en comparación con el mismo período del año pasado. Según el Informe de Incendios Forestales 2025, se quemaron 17.545 hectáreas, frente a las 102.337 registradas en 2024.
Sin embargo, desde el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de la Universidad Nacional de Córdoba advierten que el descenso no implica una solución de fondo. Para los especialistas, el fuego sigue siendo una herramienta utilizada para degradar el bosque nativo y habilitar posteriores cambios en el uso del suelo con fines productivos o inmobiliarios.
“El alivio estadístico no debe confundirse con un triunfo”, señalan. Los incendios, remarcan, no son fenómenos naturales sino el resultado de prácticas humanas vinculadas a desmontes ilegales, fallas en el control estatal y un modelo de desarrollo que convierte territorios rurales en negocios.
Departamentos del noroeste provincial como Pocho y Minas, así como áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Traslasierra, Quebrada del Condorito y la Reserva de Chancaní, han sufrido con fuerza estas consecuencias.
A este escenario se suma un problema estructural que se repite año tras año: recursos insuficientes para la prevención y el combate del fuego, sistemas de alerta debilitados y un financiamiento inestable del Plan de Manejo del Fuego. Cuando estas falencias se combinan con sequía y viento, el riesgo se multiplica.
Desde el ISEA recuerdan que existen herramientas legales claras, como la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y la Ley Nacional de Manejo del Fuego, que prohíben el cambio de uso del suelo tras los incendios y establecen sanciones.
No obstante, las recientes modificaciones normativas a nivel nacional y la disolución del fondo específico para el manejo del fuego generan incertidumbre sobre la capacidad futura de prevención.
Con apenas un 3% de bosque nativo conservado, Córdoba enfrenta una encrucijada. Para los especialistas, cumplir la ley, fortalecer la prevención y transparentar las decisiones políticas es una condición mínima para frenar una crisis que, más allá de las estadísticas anuales, sigue poniendo en juego el ambiente, las comunidades rurales y el modelo de desarrollo de la provincia.
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