La Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Deliberante de nuestra ciudad, presidida por Pedro Altamira (bloque Hacemos Unidos por Córdoba), sigue debatiendo un proyecto de ordenanza impulsado por el Ejecutivo con el objetivo de regular los instrumentos urbanísticos de planificación, concertación y sostenibilidad en todo el territorio de esta capital.
En un encuentro desarrollado el martes pasado, hicieron sus aportes representantes de universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil.
Sobre el particular, Mónica Martínez, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, aclaró que no tenía un concepto validado por la totalidad de ese ámbito académico y ofreció debatir el proyecto en esa institución. Sin embargo, a título personal valoró como “necesaria y positiva” la iniciativa planteada por la gestión de Daniel Passerini.
“Los instrumentos de planificación son válidos si son transversales y deben enmarcarse en un plan general para el uso del espacio público. En materia de concertación, es fundamental institucionalizar la participación público-privada. Y respecto de la sostenibilidad, creo que hay que adecuar todo el marco normativo a esos indicadores. Estamos muy atrasados en ese tema”, opinó.
Por su parte, se anticipó que las facultades de Arquitectura de las universidades Católica de Córdoba y Blas Pascal, serán invitadas a enviar por escrito sus ponencias y opiniones.
A su turno, desde el Colegio de Arquitectos, Román Garavano, consideró “sustancial” que el Estado “lidere la planificación” y destacó la herramienta de los polígonos de acción concertada. “Es algo innovador. Los polígonos de intervención pueden ser motivo de miradas diversas y sometidos a concurso”, sostuvo.
También aclaró que la norma en debate no altera ni da de baja a la que está vigente, pero sí deroga la ordenanza de convenios urbanísticos y le otorga “mayor control del Estado” a esa herramienta. “Hasta ahora, los convenios venían funcionando más como regla que como excepción”, analizó.
Desde el Colegio profesional también valoraron que las nuevas herramientas para intervención urbana permitirán abordar zonas y barrios, plantear miradas interjurisdiccionales y problemas específicos. “Hay más de 400 barrios y mucha diversidad. La ciudad hasta ahora no tenía cómo abordar problemáticas específicas, como sí sucede por ejemplo en Rosario o Buenos Aires”, señalaron.
A continuación, Guillermo Medina, en nombre del Colegio de Corredores Inmobiliarios, propuso crear un Consejo Consultivo invitando a todas las partes interesadas, para colaborar en la reglamentación de la nueva norma. “Los corredores conocemos toda la ciudad y tenemos una visión integral. Hay que fijar indicadores de sostenibilidad, para que la definición de la plusvalía o los beneficios fiscales no quede en manos de cada funcionario de turno”, aportó.
A su vez, Lucas Salim, de la Cámara de Desarrollistas Urbanos (Ceduc), detalló una serie de sugerencias para mejorar el proyecto. “Celebramos esta iniciativa. Es el primer intento serio de abordar integralmente el tema. El texto es correcto y necesario, porque hay una fragmentación normativa”, advirtió.
Demandó aliviar cargas impositivas, facilitar trámites, mejorar la previsibilidad y sugirió empezar a aplicar los cambios en forma progresiva. “Lo escalonemos, a ver cómo funciona. Hagamos dos Polígonos de Acción Concertada, a cinco años, uno por parte de la Municipalidad y otro por privados, y los evaluemos”, ofreció.
Catalina Molinati, de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial, adelantó que comparte en líneas generales el proyecto. Es un primer paso, pero debería ser una herramienta para un plan integral. Nos preocupa la certidumbre de su aplicación y la coherencia en la instrumentación concreta. La densificación urbana es necesaria, pero no puede ser ilimitada ni arbitraria”, señaló.
Objetan falta de participación vecinal
Desde la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, Virginia Romanutti objetó la falta de participación vecinal. “Un proyecto como este requiere un marco regulatorio integral, transparencia, participación y rendición de cuentas. Como está, no cumple eso. No fija procedimientos claros de información y participación, y deja mucho margen para la discrecionalidad en la toma de decisiones”, criticó.
En sentido similar se expresaron Sofía Llapi, Adrián Zak y Facundo Cruz, de los centros vecinales de barrios Villa Belgrano, Cerro de las Rosas y Alberdi, al igual que Héctor Tognarelli, de la Asociación de Amigos de la Reserva San Martín.
El proyecto seguirá en estudio.
