Durante la presente semana vencerá el plazo fijado para que el proyecto de ordenanza que busca regular las aplicaciones de transporte en nuestra ciudad regrese desde la Comisión de Servicios Públicos al recinto para su tratamiento definitivo en el Concejo Deliberante. Sin embargo, en el oficialismo no descartan que ese plazo pueda extenderse algunos días más.
Fuentes de Hacemos Unidos por Córdoba indicaron que la decisión dependerá de la finalización de ajustes técnicos sobre el texto, con el objetivo de que la norma que se apruebe “no tenga ningún reproche de índole legal” y se ajuste a lo dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La intención es cerrar la puerta a eventuales planteos judiciales como los que marcaron la historia reciente del sistema: durante seis años, desde la sanción del actual marco regulatorio del transporte individual en 2018, la norma estuvo judicializada por no permitir el funcionamiento de las apps, reveló el diario La Voz del Interior.
No hubo confirmación sobre si se modificará el despacho en relación con los puntos más polémicos, como el cupo de licencias para vehículos que trabajen con plataformas.
Este aspecto concentra buena parte de las diferencias entre las partes y fue señalado por el concejal Javier Fabre (UCR) como un posible foco de inconstitucionalidad. “Si lo fijás, creás un recurso escaso que se vuelve negociable, como pasó con las chapas de taxi. Eso no debe ocurrir”, advirtió en la comisión.
El contenido del despacho
El despacho aprobado por mayoría en la Comisión de Servicios Públicos a comienzos de julio fija que el servicio de transporte individual contratado mediante plataformas deberá operar con un cupo inicial de 4.000 licencias, que serían otorgadas por el municipio. El sistema funcionaría a través de un Registro Digital Municipal en el que deberán inscribirse tanto las empresas como los vehículos y conductores autorizados.
El texto establece que las plataformas deberán contar con pólizas de seguro acordes a lo exigido por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y que los choferes tendrán que presentar licencia de conducir profesional y certificado de antecedentes penales. Además, los vehículos no podrán superar los 10 años de antigüedad y deberán estar radicados en la ciudad de Córdoba.
Para el oficialismo, estos requisitos buscan garantizar la seguridad de los pasajeros y una competencia más equilibrada con el sistema de taxis y remises. Sin embargo, desde las plataformas y algunos sectores opositores advierten que varias de estas condiciones dejarían fuera a gran parte de los actuales conductores, encarecerían los viajes y reducirían la disponibilidad del servicio.
Idas y vueltas del debate
El proyecto inicial fue presentado por el Ejecutivo municipal en abril, pocas semanas después de que el TSJ habilitara de manera provisoria el funcionamiento de Uber en Córdoba mientras se avanzaba en una regulación. La propuesta oficial ingresó directamente a la Comisión de Servicios Públicos, donde recibió aportes y modificaciones.
El 1° de julio, la comisión firmó un despacho que dejó el texto listo para ser tratado en el recinto. Sin embargo, pocos días después, el oficialismo decidió devolverlo a comisión para abrir una nueva ronda de consultas con las partes involucradas, incluyendo a representantes de Uber, Cabify y DiDi, que hasta ese momento no habían participado del debate en ese ámbito.
Esa reunión, realizada el 29 de julio, también contó con la presencia de choferes de aplicaciones y de representantes del sistema de taxis y remises. Afuera del Concejo, taxistas y remiseros realizaron una masiva protesta contra la legalización de las plataformas.
Posturas enfrentadas
En esa reunión, Antonio Canale, de DiDi, cuestionó que el cupo de 4.000 autos restringiría la oferta de viajes, especialmente en barrios de menores ingresos, y dejaría fuera a entre 7.000 y 13.000 conductores. Pedro Martino, de Uber, señaló que el 80% de los más de 20.000 choferes activos en esa app quedarían excluidos y que los requisitos de antigüedad del vehículo y licencia profesional son excesivamente restrictivos.
En sentido opuesto, María Eva Juncos, de She Taxi, defendió el cupo como herramienta para ordenar el mercado y evitar la saturación de unidades. Desde el sector de taxis, Jorge Montes pidió que no se modifique el despacho ya aprobado y que se mantenga la proporción de habilitar un auto cada 375 habitantes.
El antecedente judicial
La actual ordenanza que regula el transporte individual de pasajeros en Córdoba fue sancionada en 2018. Desde entonces, fue cuestionada en la Justicia por diferentes actores y judicializada por no permitir el funcionamiento de las apps, lo que impidió que la norma se aplicara plenamente durante seis años.
La medida dictada por el TSJ en abril de este año se enmarca en la disputa legal entre el municipio y la plataforma de viajes Uber. La Municipalidad ya había apelado una decisión previa que le ordenaba regular la actividad, argumentando que esta constituye un servicio público no autorizado. Uber y un tercero interesado también apelaron, defendiendo el derecho a operar libremente.
El Tribunal Superior rechazó ambas apelaciones y, ante la inacción municipal para regular, estableció de manera provisoria una serie de requisitos que Uber debe cumplir para operar legalmente en la ciudad. Esta resolución busca un punto intermedio hasta que se dicte una normativa definitiva o una sentencia de fondo, y subraya la necesidad de regular la actividad debido al interés público involucrado y a la disrupción tecnológica que representa.
