El conflicto entre la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) y el Poder Judicial de Córdoba ingresó a un punto de tensión extrema como consecuencia de que lo que en un principio había arrancado como un reclamo de índole salarial se fue torciendo para transformarse en una dura puja política entre las partes, de final impredecible.
Ocurre que durante la presente jornada, el gremio llevó a cabo una movilización hasta el ingreso del edificio de Tribunales I, en el marco de un paro por 38 horas que tendrá continuidad hasta mañana. La medida de fuerza es para insistir con el reclamo del sector por una actualización salarial y modificaciones en el escalafón.
Pero detrás de dicha acción de protesta salieron a flote fuertes cuestionamientos hacia acordadas dispuestas por la Administración General del Poder Judicial, a las que el sindicato no dudó en calificar de “ilegítimas por ser dispuestas de forma unilateral violando la exigencia de negociación colectiva”. “No pueden cercenar de forma unilateral derechos constitucionales como lo son el derecho a huelga en todas sus expresiones (paros, abandono de tareas y asambleas)”, alertó el gremio en un comunicado.
El secretario general de Agepj, Federico Corteletti, consideró que «el Estado debe dar garantías a toda la ciudadanía. Somos nosotros los que llevamos adelante las causas de los ciudadanos que traen a los edificios del Poder Judicial. La única solución a nuestros conflictos es diálogo, responsabilidad, democracia y sentarse a ver cuáles son los caminos de soluciones y no las amenazas de sanciones para los trabajadores».
«No es la primera vez que recurren a estas acciones para acallarnos. La pérdida del poder adquisitivo es enorme y queremos la recuperación que ellos hicieron hace años, que es la equiparación salarial con los federales», recordó el gremialista.
Corteletti hizo así mención a un “Memo” publicado el pasado miércoles por la Administración General del Poder Judicial titulado “Acuerdos dictados por el TSJ relacionados a las medidas de acción directa dispuestas por Agepj”.
Sobre el particular, el sindicato advirtió que “todas las acordadas sintetizadas en dicho Memo han sido establecidas de forma unilateral por el Poder Judicial en su faz administrativa y, por lo general, como respuesta ante conflictos sindicales sin la existencia de mesas de negociación colectiva ni instancias de discusión paritarias olvidando que en todo conflicto laboral las partes involucradas son dos”.
“El derecho a la negociación colectiva es un derecho fundamental del mundo del trabajo, consagrado en la constitución y en leyes nacionales, ya que garantiza ámbitos formales de discusión, diálogo y consensos necesarios ante las tensiones que puedan surgir en el marco laboral, ante reclamos de la entidad gremial y respuestas del empleador”, remarcó la organización.
Además, Agepj rememoró que “a nivel provincial rige desde 1994 una ley, la número 8.329/94, que ordena el sistema de negociación colectiva y de convenios colectivos para el sector público provincial indicando que la autoridad de aplicación será el Ministerio de trabajo y que existirá un Comité de conciliación para promover la solución pacífica de los conflictos de interés que se susciten entre las partes” que suscriban un convenio colectivo en el sector público (art. 28). La Ley, sólo excluye de la posibilidad de negociar colectivamente dentro del ámbito judicial únicamente a los integrantes del TSJ (art. 4 inc. a)”.
En ese contexto, el gremio recalcó que “los conflictos judiciales, y Córdoba no es la excepción, transitan por caminos sinuosos que el mundo del trabajo moderno ya se ha dejado atrás al hacer primar la racionalidad y el dialogo social necesarios cuando existen dificultades”.
Por otra parte, y luego de criticar la legitimidad de origen de dichas acordadas por la forma en que fueron decretadas, Agepj también mencionó que “atacan derechos fundamentales de toda y todo trabajador judicial”. “El derecho a huelga está protegido en el segundo párrafo del art. 14 bis de la Constitución Nacional”, afirmó.
Para la CGT Córdoba “es un atentado contra las libertades sindicales”
Finalmente, la CGT Córdoba repudió y rechazó las “medidas anunciadas por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, atentando gravemente contra la libertad sindical de trabajadoras y trabajadores judiciales”.
“El día 30 de abril, violenta paradoja previa al Día Internacional de las y los Trabajadores, el Poder Judicial de Córdoba elimina los principios que protegen las acciones en defensa de los derechos sindicales, que están contenidos en la Constitución Nacional, leyes, tratados internacionales y convenios con la OIT”, consideró la central obrera provincial.
“Este ataque a las garantías constitucionales, no sólo va dirigido hacia las y los judiciales: implica un atentado contra las libertades sindicales de todas y todos los trabajadores de Córdoba que deban recurrir a la Justicia provincial para que se garanticen sus derechos”, concluyó.
Vía recursiva contra la aplicación de descuentos
Con el objetivo de avanzar en todos los frentes (legal, gremial, institucional y mediático), Agepj puso a disposición de todo el personal judicial que “haya sufrido descuentos por medidas de fuerza en sus haberes de abril”, un recurso de reconsideración elaborado por los asesores legales del sindicato. Al respecto, aclaró que “el mismo no requiere patrocinio letrado por lo que debe presentarse en forma individual por la o el trabajador judicial”.
El Colegio de Abogados de Córdoba pidió que se destrabe el conflicto
El Colegio de Abogados de Córdoba emitió un comunicado en el que consideró que el “inmediato y pleno restablecimiento” del servicio de Justicia “resulta imprescindible para resguardar los derechos de los justiciables” y, en particular, para garantizar el ejercicio de la tarea profesional de los matriculados de Córdoba.
En ese sentido, la entidad evaluó que la resolución del conflicto salarial actualmente existente en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba solo puede obtenerse “sobre la base del consenso y el diálogo de todas las partes involucradas”. En ese marco, adelantó que seguirá propiciando “instancias de comunicación y cooperando”.
“Respetuosamente, exhortamos a las partes en conflicto para que profundicen sus esfuerzos para alcanzar una solución pronta y sostenible, que contemple los derechos e intereses de las partes en conflicto, los de la ciudadanía y de la abogacía en su conjunto, sin comprometer el sistema de administración de Justicia”, expresaron los letrados.
Asimismo, informaron que como parte esencial del servicio de Justicia y “en la búsqueda de espacios de diálogo” se mantuvieron diversas reuniones con autoridades del Poder Judicial y con la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial.
El Colegio de Abogados ratificó su compromiso con la adecuada prestación del servicio y “el respeto irrestricto de las garantías de acceso a la Justicia y tutela judicial efectiva”.
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