Después de un período con cifras más moderadas, la inflación volvió a superar en febrero la barrera del 3% mensual, según el relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) del Centro de Almaceneros de la provincia. El organismo privado estimó un alza del 3,1% durante el segundo mes del año, un dato que enciende nuevamente las alarmas en el escenario económico.
El registro adquiere especial relevancia no solo por el nivel alcanzado, sino porque consolida un piso inflacionario estructural cercano al 3% mensual, cuando las expectativas oficiales proyectaban un sendero descendente más pronunciado. De hecho, el primer bimestre de 2026 acumula ya un 5,7%, lo que aleja —prácticamente imposibilita— la meta de inflación anual del 10% establecida en el Presupuesto Nacional, incluso antes de contemplar los efectos del conflicto bélico internacional desatado entre Estados Unidos-Israel e Irán.
El precio de los alimentos, el principal motor
El rubro «Alimentos y bebidas no alcohólicas» se consolidó como el principal impulsor del índice, con una variación mensual del 4,2%. Detrás de esta suba se destacaron aumentos de tres dígitos anuales en productos básicos:
Carne vacuna: 19%
Aceites: 8%
Lácteos: 7%
Frutas y verduras de estación: 6%
Pero la presión no se concentró únicamente en alimentos. Sectores como Vivienda, Educación, Salud y «Bienes y servicios varios» también contribuyeron al alza, configurando un esquema inflacionario disperso e integrado que afecta de manera transversal a la economía de los hogares.
El impacto social: más hambre y mayor endeudamiento
Detrás del número frío, el informe del IETSE revela un panorama social preocupante. La línea de pobreza para una familia tipo se ubicó en $1.770.383, mientras que la de indigencia alcanzó los $973.373. Cifras que, por sí solas, ilustran la dificultad creciente de los sectores más vulnerables para acceder a bienes y servicios básicos.
Los indicadores de seguridad alimentaria son elocuentes:
57% de los hogares no pudo cubrir la totalidad de la Canasta Básica Alimentaria.
11,3% de la población redujo su ingesta diaria a una sola comida o experimentó situaciones de hambre.
31,5% reportó hambre no satisfecho.
52,3% redujo sus ingestas, priorizando eliminar cenas.
87,8% recurrió al crédito, fiado o préstamos para financiar la compra de alimentos.
Estos datos evidencian que la seguridad alimentaria en Argentina continúa dependiendo tanto del endeudamiento privado como de la asistencia pública, revelando una vulnerabilidad social estructural que no encuentra respiro.
Consumo en caída libre
El comercio minorista de alimentos registró en febrero una nueva contracción interanual del 8,4% en volumen. La ecuación es simple: los precios suben muy por encima de la recuperación de los ingresos reales, lo que explica la debilidad persistente de la demanda interna y complica cualquier expectativa de recuperación económica inclusiva.
Un escenario complejo
La persistencia de la inflación en niveles elevados, sumada a la recomposición tarifaria, la caída del poder adquisitivo y la contracción del consumo, configura un escenario donde el ajuste recae con especial crudeza sobre los sectores medios y vulnerables.
En este contexto, el discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias del Congreso reafirmó la continuidad de reformas estructurales con eje en el equilibrio fiscal y la reducción de la intervención estatal. Sin embargo, el énfasis comunicacional en los logros de gestión no mitiga —al menos por ahora— la presión inflacionaria de corto plazo ni los indicadores sociales asociados a la pobreza y la seguridad alimentaria.
El desafío para el diseño de políticas públicas será, entonces, compatibilizar la estabilización macroeconómica con medidas concretas que frenen la erosión del poder adquisitivo y promuevan la recuperación del ingreso real, un equilibrio tan necesario como esquivo.
