La Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado en la jurisdicción Córdoba pidió que sean juzgados 24 ex policías provinciales y federales y ex militares por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978 contra 70 víctimas, la mayoría de los cuales fueron perpetrados en la ciudad de Río Cuarto.
Con la firma del fiscal Carlos Gonella y de los auxiliares fiscales Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, la solicitud desarrolla 62 hechos ocurridos entre 1975 y finales de 1978. La pieza acusatoria califica los crímenes como privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y delitos de índole sexual, entre otros.
La lista de acusados incluye integrantes de la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal Argentina y de la Unidad Regional Sur (URS) de la Policía de Córdoba imputados por primera vez en crímenes de lesa humanidad, además de integrantes del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía provincial; de las secciones primera y tercera de Inteligencia 141 del Ejército; y personal militar del Regimiento de Infantería Aerotransportada número 2 y de la Policía Militar que cumplía funciones en la entonces Unidad Penitenciaria número 1 de la ciudad de Córdoba.
Por algunos hechos fueron imputados integrantes del Estado Mayor del Comando de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, que integran el Estado Mayor de la Jefatura del Área 311, y el jefe de la Sub Área militar 3115 (Río Cuarto), que posteriormente pasó a denominarse Área 315, reveló el diario La Voz del Interior.
El personal del Ejército acusado incluye a los ex generales Adolfo Patricio Echehun, Carlos Alberto Quevedo y Pablo Skalany; al ex teniente coronel Enrique Pedro Mones Ruiz; al ex sargento Miguel Ángel Pérez; a los ex mayores Gustavo Adolfo Alsina y Ernesto Guillermo Barreiro; a los ex suboficiales mayores Carlos Ibar Pérez, Juan Eusebio Vega y Carlos Alberto Díaz; y a Arnoldo José López, Ricardo Alberto Ramón Ladrone y José Luis Yáñez.
En tanto, los policías provinciales imputados son los ex comisarios Rubén Enrique Príncipi y Carlos Alfredo Yanicelli (el represor recibió perpetua en 2010); el ex sargento primero Daniel Di Santo; el suboficial principal Juan Carlos Nieto; y Juan Eduardo Ramón Molina, Miguel Ángel Salinas y Miguel Ángel “El Gato” Gómez, el “experimentado” torturador del D2.
Incluso, las personas puestas a disposición judicial fueron torturadas antes y después de la intervención del juzgado, donde denunciaron los crímenes. La fiscalía puso de relieve que, sin embargo, no existen constancias de que se hayan iniciado actuaciones para investigar esos delitos.
Los ex policías federales acusados son los ex comisarios Carlos Jesús Reguerisa y Carlos Miguel Tronchín; el ex cabo Roberto Ernesto González Fossat; y Ramón Alfredo Navarro, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
De acuerdo con la acusación fiscal, los lugares en los que se desarrollaron los hechos fueron instituciones legales que al mismo tiempo funcionaban como centros clandestinos de detención y tortura, como las sedes de la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal y la de la URS en Río Cuarto, el Batallón Arsenales José María Rojas de la localidad de Holmberg y la jefatura de la Subárea 3115, además del edificio del D2 y la Unidad Penitenciaria número 1.
También se incluyeron casos ocurridos en otros centros clandestinos, como La Perla y Campo la Ribera.
El requerimiento de elevación a juicio también refiere casos que se iniciaron en Rosario, Santa Fe y San Luis, que tuvieron como víctimas a personas que fueron trasladadas a aquellos lugares de detención situados en Córdoba. También se hace alusión a ocho casos de delitos sexuales ocurridos en la Unidad Regional, en la sede de la Policía Federal y en la cárcel.
De acuerdo con la descripción realizada por la fiscalía, gran parte de las víctimas se encontraban vinculadas a la Universidad Nacional de Río Cuarto, en calidad de estudiantes o personal docente y no docente, e incluso en uno de los casos el secuestro se produjo dentro de la misma casa de estudios.
Torturas a un grupo de estudiantes universitarios
Según la fiscalía, gran parte de los estudiantes que fueron víctima de estos hechos estaban vinculados a la Juventud Universitaria Peronista y el Peronismo de Base. En la gran mayoría, fueron investigadas por el Juzgado Federal de Río Cuarto por supuesta infracción a la ley 20.840 (de Seguridad Nacional), y, en el resto, sometidas a un consejo de guerra, en el ámbito castrense.
De acuerdo con la acusación, incluso las personas puestas a disposición judicial fueron torturadas antes y después de la intervención del juzgado, donde denunciaron los crímenes. La fiscalía puso de relieve que, sin embargo, no existen constancias de que se hayan iniciado actuaciones para investigar esos delitos, lo cual, en la perspectiva del MPF, pone en evidencia el encubrimiento de los funcionarios judiciales que actuaron en esa época, quienes no fueron imputados dado que fallecieron.
La fiscalía marcó que en los documentos incorporados a la causa hay memorandos obtenidos del acervo de la Delegación Córdoba de la Policía Federal que corroboran las tareas de inteligencia que se desarrollaban desde allí respecto a la militancia política que ejercían determinadas personas de la ciudad de Río Cuarto en general y la universidad en particular.
Secuestros y asesinatos
Entre los casos requeridos a juicio se encuentra el que tuvo por víctima al militante del Partido Comunista Gabriel Braunstein Maiden, quien continúa desaparecido.
De acuerdo con la acusación fiscal, el 10 de junio de 1976 policías y militares, sin uniforme ni identificación, armados y a bordo de dos autos, lo secuestraron en su domicilio, situado en la planta alta de una estación de servicio en Río Cuarto, tras reducir a un empleado y a un cliente. Luego irrumpieron en la vivienda, donde se encontraban Braunstein, su pareja y dos amigas.
Según la acusación fiscal, los lugares en los que se desarrollaron los hechos fueron instituciones legales que al mismo tiempo funcionaban como centros clandestinos de detención y tortura.
La fiscalía marcó que, luego de inmovilizar a las mujeres presentes y de llevarse a Braunstein, saquearon objetos de valor. La víctima fue trasladada a un lugar desconocido, donde la mantuvieron secuestrada brevemente.
Posteriormente, el cuerpo de un hombre, asesinado a balazos y luego quemado y abandonado, apareció en un campo en Calamuchita, a 100 kilómetros de Río Cuarto. El cadáver no fue identificado y fue registrado como NN, y se dio intervención al fuero federal.
El 22 de julio los restos fueron trasladados desde la morgue y fueron inhumados en una fosa común del Cementerio San Vicente, en la ciudad de Córdoba, sin previa identificación ni autopsia que determinara las causas concretas de su muerte. Para la fiscalía, existen indicios de que aquellos restos pueden haber pertenecido a Braunstein, pero no es posible dar certezas ya que nunca se encontró su cuerpo.
La acusación fiscal también incluye el caso de un matrimonio compuesto por los docentes de la universidad Ernesto Silber, asesinado en la tortura, y Juana Josefa Chessa. Allí, se relata que la pareja fue secuestrada el 9 de agosto de 1976 por la tarde por personal de la URS.
De acuerdo con la descripción de la fiscalía, Silber se encontraba en dependencias de la universidad y fue privado de su libertad en virtud de información proporcionada a las fuerzas estatales por el entonces director de Despacho General de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Raúl Antonio Ponce Schmiedecke, quien lo vinculó a la organización “Montoneros”. Silber fue reducido y trasladado a su domicilio particular, que fue allanado. Horas después su esposa se presentó en la casa y también fue secuestrada.
La pareja fue trasladada a la URS, donde permaneció ilegalmente privada de su libertad. La fiscalía marcó que la mujer fue sometida a tormentos psíquicos, pues estuvo incomunicada, aunque pudo intercambiar algunas palabras con su esposo a través de las ventanas, hasta que la situación fue advertida por los guardias y entonces Silber fue enviado a un recinto más lejano, carente de información de los motivos de detención de ella y de su marido y en condiciones inhumanas de alojamiento.
El requerimiento de elevación a juicio refiere que el personal policial sometió a Silber a tormentos psíquicos y físicos, como el llamado “submarino” y otras prácticas similares, como “mojarra”, con los que se le impidió o dificultó la respiración, lo cual provocó su muerte por asfixia.
El deceso fue presentado luego como un suicidio por los ejecutores del crimen. Chessa, en tanto, fue interrogada por personal policial y militar, y liberada el 17 de agosto, ocho días después de su detención. Según informó la fiscalía, los autores directos de estos crímenes fallecieron.
