En un agravamiento del conflicto en los Tribunales, el gremio de los empleados judiciales (Agepj) lanzó un duro plan de lucha de tres semanas, que incluye dos días de paro en las próximas dos semanas, y una tercera medida de fuerza de 48 horas para la tercera de mayo, en fecha a confirmar.
Durante una masiva asamblea extraordinaria realizada el viernes pasado en el sindicato de Canillitas, el sindicato que conduce Federico Cortelletti resolvió en lo inmediato abandono y movilización para este martes y una huelga de 24 horas para el miércoles 30 de abril. En el caso del Ministerio Público Fiscal, la movilización se reemplaza por un abandono de tareas, de dos horas por turno.
Los judiciales reclaman una equiparación con la justicia federal, y una recomposición salarial para ir morigerando lo que consideran una pérdida del 40% en el poder adquisitivo en el último año. También demandan otras cuestiones, como la actualización de las bonificaciones, antigüedad, título profesional e inhabilitación, permanencia en la categoría y devolución de aportes extraordinarios a la Caja de Jubilaciones y Apross.
A su vez, la asamblea extraordinaria definió un cronograma de protestas para la primera semana de mayo, que incluye asambleas, movilización y otro paro provincial de 24 horas para el viernes 9 de mayo. Aunque no está confirmado, dependiendo de las circunstancias y haber alguna respuesta, la asamblea en la cual participaron delegaciones del interior, también determinó que se podría aprobar un paro de 48 horas, en fecha a definir, durante la tercera semana del mes próximo.
En la asamblea del último viernes, hubo representantes de los autoconvocados que vienen impulsando que el gremio impulse medidas de protestas más contundentes. Por la decisión que se tomó en la asamblea realizada en el sindicato de los Canillitas, el gremio se puso al frente del conflicto que se va a agudizando, ante la situación que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no discute salarios con los empleados judiciales.
Desde el año 2014, el TSJ traslada a los judiciales provinciales los aumentos que la Corte Suprema para los agentes federales.
Se complicó la negociación con el SEP y UPS
Por su parte, en la administración pública provincial también se complicó la discusión paritaria. Ante la falta de acuerdo en la negociación con el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, el gremio del SEP que conduce Sergio Castro resolvió seguir en estado de alerta, con asambleas de dos horas por turno en todas las reparticiones.
Más allá de estas medidas de protestas, en los hospitales públicos provinciales la atención está muy resentida, ya que a las asambleas que determinó el SEP, se suman las medidas de protestas que tomaron otros sindicatos como ATE y Atsa, y también los autoconvocados, reveló el diario La Voz del Interior.
A su turno, la Unión Personal Superior (UPS), el gremio que aglutina a los empleados jerárquicos, rechazó la propuesta de aumento salarial que hizo el Gobierno provincial. El gremio de los jerárquicos que conduce María Inés Palacios reclama que todos los aumentos sean remunerativos, para que también los perciban los jubilados.
“La UPS se declara en estado de alerta ante la falta de una propuesta salarial formal y seria por parte del Gobierno, que contemple la jerarquización del personal de conducción como se hizo con el personal superior de educación. El salario de los jerárquicos se ha venido deteriorando en los últimos años. Al respecto la Provincia se comprometió, fundamentalmente en esta paritaria de marzo, a realizar los ajustes necesarios para recomponer la escala”, expresó UPS en un comunicado.
Uno de los reclamos principales de este gremio que fundó el fallecido dirigente Domingo Ovando, es que mantenga una brecha diferencial entre los jefes de sección y los profesionales. Según un trabajo que hizo UPS, hace una década, la diferencia entre un jefe de sección y de ejecución era de casi el 40%. Ahora, esa diferencia no llega al 12%.
Para la titular de UPS, de seguir esta situación, los profesionales que hay en la administración pública rechaza los cargos de conducción, porque la diferencia es mínima.
“Se tiene respetar la jerarquización en la carrera administrativa. Los jefes de secciones deben tener un diferencial mayor que el personal que tienen a cargo. De lo contrario, nadie quiere ser jefe”, aseguró Palacios, referente del gremio de los empleados jerárquicos provinciales.
La postura de la Provincia
En medio del reclamo del SEP y del gremio de los jerárquicos (UPS), en el Centro Cívico argumentan que la propuesta que se le hizo a los gremios de la administración pública va en línea con el acuerdo que el mes pasado firmó con los docentes (UEPC), que incluye un aumento del 18% hasta agosto, en cuatro cuotas: 7% en febrero; 5% abril; 3% en junio y otro 3% en agosto. Las primeras dos cuotas son remunerativas sólo la mitad.
Esto es lo que rechaza de plano el gremio de los jerárquicos (UPS), por ejemplo. El SEP se niega a firmar un acuerdo paritario hasta enero del año próximo.
Pese al reclamo de los gremios estatales, en el Centro Cívico son optimistas. Los funcionarios llaryoristas consideran que la semana que viene habrá nuevas reuniones con los gremios y podría haber una solución.
Este mes, los agentes públicos cobrarán el salario sin aumento, pero en caso de haber un acuerdo paritario, lo percibirán en la semana siguiente, a través de una planilla complementaria.
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