Trabajadores de los sanatorios privados Aconcagua, Santo Tomás y Laboratorio Biolab se encuentran realizando este miércoles 22 un paro de 24 horas con guardias mínimas de urgencia y emergencia. La medida, impulsada por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa), tiene como principal demanda el pago de los sueldos del último mes, pero también de sumas no remunerativas, luego de una mediación con el Ministerio de Trabajo. El referente Gonzalo Flores, en comunicación con Hoy Día Córdoba, pidió disculpas a los pacientes afectados por la medida, pero aclaró que lamentablemente están trabajando sumidos en deudas, mientras que la empresa Coseme tiene una deuda acumulada de $1.700.000 por cada empleado.
Demoras y faltas de pago
Según relató Flores, el conflicto con la firma no es nuevo: «Venimos hace años con esta problemática de que desdoblan el sueldo en dos o en tres veces dentro del mes». El referente sindical detalló que actualmente se adeuda la mitad del sueldo, el aguinaldo completo y todas las sumas no remunerativas correspondientes a la escala salarial vigente desde mayo del año pasado. En total, explicó, las sumas no remunerativas representan alrededor de 950.000 pesos por trabajador, a lo que se suma el 50% del sueldo adeudado más el aguinaldo al 100%.
La situación se vuelve más confusa, según cuenta Flores, cuando la empresa realiza grandes refacciones y renueva equipamiento, pero no paga por los servicios que ya han sido prestados cada mes. “Estamos a 22 de julio y hay trabajadores que no cobraron nada, no tienen para venir a trabajar, no tienen para el sustento de su hogar con hijos de por medio». Según indicó, Comese fue entregando el pago en cuotas: primero un 25% y, más recientemente, otro 25%, por lo que a los trabajadores todavía les resta cobrar la mitad del sueldo más toda la deuda acumulada.
El rol de los financiadores: PAMI y APROSS
En las reuniones mantenidas en el Ministerio de Trabajo, la empresa argumenta que el atraso responde a un problema de financiamiento por parte de las obras sociales y prepagas que abonan las cápitas, principalmente Pami y Apross. Según el planteo empresarial, el valor de esas cápitas no estaría actualizado y eso les impediría afrontar tanto los salarios como los pagos a proveedores.
Flores señaló además que esta problemática de financiamiento no es exclusiva de esta empresa ni de la provincia, sino que se trata de un problema a nivel nacional. El esquema de pagos de PAMI afecta al sistema de salud privado en distintas partes del país, y además APROSS genera un impacto similar a nivel provincial.
De la pandemia a la reforma laboral: un deterioro sostenido
Para Flores, el deterioro de las condiciones laborales en el sector privado de la salud tiene como origen la pandemia de COVID-19. Recordó que, en ese período, el Estado nacional cubrió un 30% de los salarios de los trabajadores de instituciones privadas de salud, mientras que las empresas debían afrontar el resto. Según su relato, ese aporte estatal habría sido utilizado por las instituciones para constituir una cápita propia, un antecedente que marcó el inicio de las dificultades actuales de pago.
El dirigente también vinculó el conflicto con la reforma laboral vigente, a la que responsabilizó por profundizar el desequilibrio entre trabajadores y empleadores. A partir de los marcos regulatorios vigentes, como la reforma laboral, es más sencillo para las empresas realizar estos desajustes en los pagos. Por último, reconoció que se puede ver una diferencia entre los salarios y condiciones del personal de salud que está en el sector provincial y los que se encuentran en el privado.
