La polémica por los portones y el cierre de calles en Villa Allende sumó un nuevo capítulo este fin de semana, cuando la agrupación de Vecinos autoconvocados resolvió llevar el conflicto a la Justicia. La decisión apunta a impugnar el fallo de la Cámara Contenciosa Administrativa que habilitó al municipio a restringir accesos en distintos sectores de la ciudad.
Según expresaron los vecinos, el pronunciamiento judicial avaló de manera “arbitraria” la postura del intendente Pablo Cornet, ya que —afirman— no existen pruebas que demuestren que los cierres garanticen mayor seguridad. Por el contrario, sostienen que hay antecedentes y análisis técnicos que indican que este tipo de medidas tienden a aislar los barrios y no a reducir el delito.
Además, los autoconvocados denunciaron que la Cámara no tuvo en cuenta las más de 3 mil firmas que presentaron en rechazo al proyecto. En cambio, remarcaron que sí se validó el llamado “Registro de Oposición” impulsado por el municipio, al que solo se habrían inscripto 22 personas.
En ese sentido, explicaron que muchos vecinos optaron por no participar de ese mecanismo por considerarlo “antidemocrático y discriminatorio”. El sistema, señalaron, solo permitía opinar a propietarios titulares, dejando fuera a residentes e inquilinos, lo que —advirtieron— reduce la representación real de la comunidad.
Las acciones de los Vecinos autoconvocados
Mientras avanza la estrategia judicial, el grupo lanzó una campaña de recaudación para afrontar los costos del amparo legal. A la par, pusieron en marcha una rifa con vouchers y anticiparon una serie de “acciones callejeras” para visibilizar el conflicto.
Asimismo, anunciaron la realización de una charla abierta con el Dr. Jorge Jofré, especialista en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal, con el objetivo de debatir el impacto de los cierres urbanos y aportar una mirada técnica al debate.
