En el marco de la semana en que se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo), Amnistía Internacional envió una actualización de información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para advertir sobre un deterioro sostenido de la libertad de expresión y de prensa en Argentina.
Según informó la organización a través de un comunicado, la presentación fue dirigida a autoridades clave del sistema interamericano y de Naciones Unidas, entre ellos el presidente de la CIDH y relator para Argentina, Edgar Stuardo Ralón Orellana; el relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal; y otros referentes en materia de derechos humanos.
Tres ejes de preocupación
De acuerdo con Amnistía Internacional, el informe se centra en tres problemáticas principales:
- Hostigamiento y agresiones contra periodistas
- Uso de herramientas judiciales para criminalizar voces críticas
- Restricciones al acceso de la prensa a la Casa Rosada
“Una prensa independiente y crítica es un pilar indispensable del Estado de derecho. Cuando las agresiones provienen de las más altas autoridades del Estado, el impacto no se limita a las personas atacadas”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Clima de intolerancia y estigmatización
La organización advirtió que, desde la asunción del presidente Javier Milei, se habría consolidado un clima de intolerancia estatal hacia la crítica.
Según detalló el escrito, este contexto incluye discursos estigmatizantes, desinformación, insultos y acusaciones de corrupción o criminalidad contra periodistas y medios, además de campañas de hostigamiento amplificadas desde redes sociales y cuentas oficiales.
Amnistía señaló que estas preocupaciones ya habían sido planteadas previamente ante la CIDH, en el marco de un recrudecimiento de ataques a la libertad de expresión.
Impacto diferencial en periodistas mujeres
El informe también incorpora antecedentes sobre la situación de periodistas mujeres, quienes —según la organización— enfrentan ataques particularmente violentos, descalificaciones personales y mensajes con sesgo criminalizante.
Desde Amnistía Internacional advirtieron que estas prácticas generan un impacto diferencial, que puede traducirse en autocensura, temor y profundización de desigualdades dentro del ejercicio periodístico.
Judicialización de voces críticas
Otro de los puntos centrales del documento es la preocupación por el uso de acciones penales y civiles contra periodistas como mecanismo de presión.
En particular, se advierte sobre la utilización de las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs), que —aunque no prosperen— provocan desgaste económico, emocional y profesional, además de un efecto inhibidor sobre otras voces críticas.
Como antecedente, el informe menciona la decisión judicial que confirmó la desestimación de la denuncia por calumnias e injurias impulsada por el presidente Milei contra el periodista Ari Lijalad.
Según Amnistía Internacional, ese fallo representa un avance para la libertad de expresión, al reafirmar que no corresponde utilizar el derecho penal para perseguir opiniones periodísticas sobre asuntos de interés público.
“La mera existencia de un proceso penal contra periodistas puede operar como castigo y desalentar la investigación”, agregó Belski.
Restricciones en la Casa Rosada
El documento también alerta sobre limitaciones al acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada.
Entre los hechos señalados se encuentran el cierre de la sala de periodistas y la deshabilitación del sistema biométrico de acceso, tras la denuncia penal contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno por la difusión de imágenes en pasillos de la sede gubernamental.
Para la organización, estas medidas resultan desproporcionadas, generalizadas y restrictivas del derecho a la información pública, y se inscriben en una tendencia más amplia de reducción del espacio institucional para la prensa.
La Conferencia Episcopal respaldó a los periodistas tras las restricciones en Casa Rosada
Pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Frente a este escenario, Amnistía Internacional solicitó a la CIDH que exhorte al Estado argentino a abstenerse de utilizar discursos y mensajes criminalizantes contra periodistas y medios.
Además, pidió la elaboración de mecanismos y recomendaciones específicas para contrarrestar prácticas de estigmatización y desacreditación del periodismo, y que se evalúe la posibilidad de realizar una misión en Argentina para monitorear la situación.
Finalmente, la organización recordó que la libertad de expresión no solo protege a periodistas, sino también el derecho de toda la sociedad a buscar, recibir y difundir información, un principio clave para el funcionamiento democrático.
El pronunciamiento de la FCC
En Córdoba, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) expresó su preocupación por las restricciones al trabajo periodístico en la Casa Rosada. A través de una declaración, el órgano académico rechazó las medidas que impiden el ingreso de prensa acreditada a la sede del Ejecutivo nacional y cuestionó la vigencia de la Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios. El texto advierte sobre una “restricción arbitraria”, al señalar que limitar el acceso de periodistas —incluso bajo argumentos de “seguridad nacional” no debidamente fundamentados— puede constituir un mecanismo de censura indirecta. Además, plantea reparos sobre el sistema de acreditación vigente, al considerar que presenta criterios “discrecionales y no transparentes”. “El acceso de periodistas a las instituciones públicas es un componente esencial del sistema democrático”, sostiene la declaración, en referencia a las garantías de la Constitución Nacional (artículos 14 y 32).
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