El juicio por la nacionalización de YPF S.A. tendrá este miércoles una audiencia decisiva ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde la República Argentina, el fondo Burford Capital Limited y la propia empresa expondrán sus argumentos en torno a la sentencia que ordena al Estado argentino pagar US$ 16.000 millones en concepto de resarcimiento.
El Gobierno nacional buscará revertir el fallo de la jueza Loretta Preska, que responsabilizó al país por el modo en que se concretó la estatización de la petrolera en 2012. En tanto, Burford Capital —que adquirió los derechos del reclamo original de los antiguos accionistas minoritarios Petersen Energía y Eton Park— pedirá que se confirme la condena y, al mismo tiempo, que se revise la decisión que eximió a YPF de toda responsabilidad.
Por su parte, la compañía defenderá su condición de no culpable, al sostener que el proceso de expropiación fue una decisión soberana del Estado argentino.
Qué puede pasar después
Los especialistas prevén que el fallo de la Cámara de Apelaciones no será inmediato y que podría conocerse durante el primer semestre de 2026. Si se confirma la condena, el país solo tendrá la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Otros escenarios incluyen una reducción del monto de la indemnización o, en el caso menos probable, una reversión total del fallo.
Preska también había dispuesto que el pago pudiera realizarse mediante la entrega de acciones de YPF, una decisión que sigue bajo revisión judicial. Los acreedores, sin embargo, adelantaron que no consideran viable recibir títulos de la petrolera y manifestaron su interés en negociar un acuerdo directo con el Gobierno.
Embargos y búsqueda de activos
A lo largo de más de una década de litigio en los tribunales estadounidenses, los demandantes han intentado localizar activos argentinos en el exterior para avanzar con eventuales embargos. En ese marco, Preska ordenó la entrega de comunicaciones y correos electrónicos de funcionarios argentinos, con el objetivo de identificar vínculos entre el Estado y empresas públicas que pudieran ser objeto de medidas cautelares.
El caso YPF sigue siendo uno de los conflictos judiciales más relevantes de la última década, y su resolución marcará el futuro de la estrategia argentina ante los tribunales internacionales.
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