Cinco años después de la aprobación de la Ley 27.610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Argentina, Amnistía Internacional advirtió sobre retrocesos preocupantes en las políticas de salud sexual y reproductiva, con impacto directo en el ejercicio efectivo de este derecho.
La organización señaló que, si bien la legalización del aborto representó un avance histórico en salud pública y derechos humanos, desde la asunción del gobierno de Javier Milei se registra un desmantelamiento sistemático de políticas clave: suspensión de la compra y distribución de misoprostol y mifepristona —medicamentos esenciales para abortos seguros— y cierre del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).
Avances tras la legalización
Según Amnistía Internacional, entre 2021 y octubre de 2023, más de 245.000 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud. La disponibilidad de información, insumos y atención permitió que el 90% de las interrupciones se realizaran durante el primer trimestre, cuando los riesgos son menores.
Además, se duplicó la cantidad de centros de salud que garantizan la IVE/ILE y se redujo significativamente la mortalidad materna asociada a abortos inseguros, uno de los principales argumentos sanitarios que respaldaron la ley.
Cinco años del aborto legal: denuncias y barreras en aumento
El escenario cambió drásticamente en el último año. En 2025, Amnistía Internacional recibió más de 400 denuncias por barreras en el acceso al aborto, cifra que triplica la del año anterior. Aunque los casos no reflejan la totalidad de la situación, la organización advierte que constituyen un indicador relevante ante la falta de datos oficiales actualizados.
Los testimonios, provenientes de distintas provincias, describen un patrón común: falta de medicación en hospitales públicos, exigencia ilegal de comprar misoprostol por cuenta propia, consejerías disuasorias, maltratos y prácticas de hostigamiento que vulneran la autonomía de las personas gestantes.
A estas dificultades se suma la ausencia de campañas oficiales de información, fallas en la línea 0800 de Salud Sexual y falta de publicaciones sobre la implementación de la ley. Del total de casos recibidos en 2025, casi el 60% corresponde a obstáculos para acceder a información clara sobre dónde y cómo ejercer el derecho al aborto.
En provincias como Córdoba, donde el sistema público concentra alta demanda, la falta de insumos e información profundiza desigualdades territoriales y afecta especialmente a personas con menos recursos.
Compromisos internacionales en riesgo
Amnistía Internacional advirtió que estos retrocesos podrían derivar en incumplimientos de compromisos internacionales. A comienzos de 2026, Argentina deberá rendir cuentas ante el Comité CEDAW de Naciones Unidas, que supervisa las obligaciones del Estado en materia de igualdad y no discriminación.
«La evidencia demuestra que cuando el aborto es legal, accesible y seguro, se salvan vidas y mejora la salud pública», sostuvo la organización, que reclamó al Estado nacional garantizar el cumplimiento efectivo de la ley en todo el territorio.
Fuente: Amnistía Internacional Argentina. Informe «También es por vos: Defender el acceso al aborto ante el retroceso de políticas públicas».
