En medio del avance de la causa por el robo de fármacos del Hospital Italiano, que incluyó allanamientos en los que se secuestraron jeringas, ampollas, tubos con anestesia y otros elementos de uso médico, la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación emitió un duro comunicado para fijar su postura frente a los hechos que generaron fuerte repercusión pública.
Los procedimientos, realizados el pasado 13 de marzo por la Policía de la Ciudad, alcanzaron tres domicilios, dos en Capital Federal y uno en Tigre, en el marco de una investigación por hurto calificado. En uno de los inmuebles, además de dispositivos electrónicos, se encontraron insumos quirúrgicos y sustancias anestésicas presuntamente sustraídas del centro de salud.
La causa tiene como principales imputados a dos profesionales, cuya situación judicial se complica a medida que avanza la pesquisa, mientras las autoridades buscan determinar posibles vínculos con la muerte de Alejandro Zalazar, ocurrida a fines de febrero. Según la autopsia, el deceso se produjo por un cuadro de edema pulmonar y meningoencefálico, y se investiga una posible sobredosis de propofol y remifentanilo.
En este contexto, la FAAAAR difundió un comunicado institucional en el que expresó la necesidad de “fijar una posición clara” ante la circulación de versiones que involucran a profesionales de la especialidad. Desde la entidad remarcaron que se encuentran a la espera del avance de la investigación judicial.
Asimismo, subrayaron que los hechos conocidos hasta el momento “pertenecen al ámbito privado” y no deben ser vinculados al ejercicio profesional ni a la práctica asistencial. “Esta distinción es fundamental para evitar generalizaciones que distorsionen la realidad de una especialidad altamente regulada”, indicaron.
La Federación también destacó el nivel de formación de los anestesiólogos en el país, al señalar que se trata de un sistema “estructurado, acreditado y exigente”, con un fuerte compromiso en la seguridad del paciente. En esa línea, advirtieron sobre el impacto negativo que puede tener la difusión de información no confirmada en la confianza social.
Finalmente, la entidad reafirmó su disposición a colaborar con la Justicia y llevó tranquilidad a la comunidad, al resaltar el compromiso ético y profesional de los especialistas en todo el país.
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