Organizaciones, profesionales y familias de personas con discapacidad (PCD) en Argentina alertan sobre el inminente colapso del sistema de atención y servicios esenciales que asiste a miles de ciudadanos en todo el país. La situación, calificada de «grave y desesperante», se agrava por el congelamiento arancelario y la falta de respuestas concretas del Estado Nacional, poniendo en riesgo un modelo de inclusión reconocido a nivel mundial.
Representantes del sector se concentraron en una jornada federal a nivel nacional este 4 de junio, exigiendo ser escuchados ante la «inacción de la clase política en general» y las «respuestas violentas» por parte de algunos actores del Estado.
En Córdoba, la concentración se realiza en la Plaza San Martín desde el mediodía. En diálogo con Hoy Día Córdoba, Carolina Armeloni, psicopedagoga y representante de centros de rehabilitación, describió el difícil momento que atraviesa el sector:
“Nos volvemos a concentrar dada la falta de respuesta que seguimos teniendo por parte del Estado y ante la gravísima situación que enfrentamos. El sistema se cae a pedazos, lo que implica, niños, niñas, personas con discapacidad que se quedan sin los apoyos que necesitan para tener una vida autónoma independiente y miles de trabajadores que no sabemos cómo continuar”, advirtió.
Desfinanciamiento crítico y costos insostenibles
Según informaron en un fuerte comunicado de profesionales de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (CAPREDIS) la crisis del sistema de discapacidad se profundiza por un desfinanciamiento progresivo y deliberado. Indicaron que los motivos para la declaración de emergencia en discapacidad son:
- Durante 2023, los aumentos arancelarios fueron escasos y muy por debajo de la inflación.
- La situación se agravó drásticamente a finales de 2024, con incrementos que no superaron el 1% mensual (septiembre: +1%, octubre: +1%, noviembre: +0,8%, diciembre: +0,5%).
- En 2025, los aumentos han sido CERO hasta la fecha.
- Los costos de funcionamiento de las instituciones se duplicaron en el último año, generando un escenario insostenible.
- A esto se suman pagos con hasta seis meses de demora.
«Hace 5 meses no tenemos aumentos, era un sector que ya venía atrasado y… la situación no se puede seguir sosteniendo», lamentó Armeloni.
Un modelo de inclusión único en riesgo
Argentina ha construido, durante décadas, un sistema de atención a personas con discapacidad elogiado en América Latina y el mundo. Este modelo se basa en un fondo solidario que garantiza el acceso a la salud, educación y apoyos para PCD. Es equitativo e integral, permitiendo que personas con y sin recursos accedan a la misma calidad de servicios.
Este sistema se financia a través de los aportes de obras sociales y prepagas a dicho fondo, y no depende de fondos del Estado ni requiere inversión del Tesoro Nacional. Desde este fondo, se pagan terapias, apoyos escolares, transporte y centros especializados.
Sin embargo, desde CAPREDIS denuncian que las autoridades nacionales, como la Superintendencia de Salud y el Gobierno Nacional , buscan imponer un modelo donde «cada obra social pague lo que quiera» y «cada familia resuelva sola», convirtiendo la discapacidad nuevamente en un «problema privado».
Consecuencias de un colapso inminente
Según advierten profesionales del sector, si el sistema de discapacidad colapsa, las consecuencias serán devastadoras y regresivas:
- Exclusión sistemática: Solo accederá a las prestaciones quien pueda pagarlas, dejando al resto en el abandono.
- Cierre de instituciones y centros de atención.
- Miles de niños y personas con discapacidad se quedarán sin los apoyos esenciales para una vida autónoma e independiente.
- Profesionales especializados abandonarán el sistema o solo atenderán de forma particular.
- Vulneración de derechos básicos en salud, educación y transporte.
- Desmantelamiento de la inclusión escolar: Menos horas de apoyo, equipos rotos y docentes sin acompañamiento.
El sector enfatiza que «esto no es ahorro, es exclusión», y que la discapacidad no puede ser tratada como un gasto o un negocio.
Las entidades solicitan ser recibidas de manera inmediata por el Gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el Ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer. El objetivo es plantear personalmente la magnitud de la crisis y sus consecuencias concretas en la provincia, ya que en caso de desaparecer el sistema actual que depende de la Nación, la atención a las PCD pasaría a ser responsabilidad de las provincias.
«Necesitamos hablar, necesitamos que nos respondan, necesitamos que nos digan cuál es el camino, si el camino que Argentina construyó en los últimos 20 años, que es ejemplo en el mundo, lo van a destruir, que nos digan entonces cuál va a ser la genial idea que tienen para seguir asistiendo a las personas con discapacidad», afirmó Armeloni.
