El Pami dio de baja el convenio de distribución de pañales para sus afiliados y en una polémica licitación exprés que lleva la firma de su titular, Esteban Leguizamo, convalidó un contrato de US$ 450.000.000 con un precio un 20% más alto que el actual. Fuentes al tanto de la lictacitación denunciaron cambios de condiciones, direccionamiento del pliego y un deterioro en la calidad del producto que recibirán los beneficiarios.
Hasta ahora, el Pami entregaba unos 17.000.000 de pañales y apósitos por mes a través de un convenio de distribución que incluía a fabricantes, droguerías y farmacias. Por eso pagaba un total de $ 11.000 millones mensuales a 45 o 60 días. Con la reciente licitación pagará más de $ 13.000 millones a una empresa de distribución y además desembolsará por adelantado un 3% del convenio, algo bastante llamativo para las condiciones que ofrece el Estado.
De las cuatro empresas que se presentaron, tres no pudieron cotizar. A pesar de que la nueva modalidad implicaba un cambio abrupto en el esquema de reparto de pañales a los afiliados, el llamado a licitación se hizo el 14 de abril pasado y la apertura de sobres el 25 del mismo mes. Como en el medio estuvo Semana Santa, solo hubo seis días para preparar la propuesta.
Fuentes al tanto del proceso licitatorio aseguran que el pliego se hizo “a medida”, ya que “de un día para el otro cambiaron todas las especificaciones técnicas, pusieron una póliza de seguro de $25.000 millones y exigieron galpones en Caba y Amba con capacidad para 15.000 pallets, son condiciones que no se pueden establecer en seis días, en general esto se hace como mínimo treinta días antes”, dijeron en Ámbito Financiero.
Dos fuentes que siguieron de cerca la licitación aseguran que los pañales que se entregarán ahora son de peor calidad que los anteriores. “En lugar de 75 gramos como estaban dando, piden 50 gramos, sacan las dobles capas de absorción y ponen cintas de pegado más chicas, todo conspira contra la calidad del pañal”, detalló uno de los expertos en la materia.
Por otra parte, la empresa de logística que ganó el multimillonario contrato había enviado consultas a los fabricantes locales para obtener cotizaciones en marzo, mucho antes de que se conozcan los pliegos. Ex funcionarios del instituto designados por el actual gobierno habían denunciado un abuso en las compras sin licitación que se justificaban con el riesgo de vida de los pacientes, pero que detrás escondían sobreprecios de hasta el 700%.