Al menos 22 presos murieron en penales federales durante el primer semestre de 2025, según indica un informe producido por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Gentili.
En el escrito se detalla que se registraron 22 fallecimientos de personas privadas de la libertad entre el 1° de enero y el 30 de junio, sumado a que los decesos se produjeron en 13 de las 29 unidades carcelarias.
El informe desglosa que cinco muertes sucedieron en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) I de Ezeiza; tres en el CPF II de Marcos Paz y en la Unidad 34 Campo de Mayo; dos en el CPF VII ex Unidad 31 de Ezeiza; uno en el CPF de Devoto, en el CPF III de Salta, en el CPF IV de Mujeres de Ezeiza, en el CPF VI de Mendoza, en el CPF de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, en la Unidad 11 – Colonia Penal de Chaco, en la Unidad15 de Santa Cruz, en la Unidad 30 de Jóvenes Adultos de La Pampa y Unidad 4 – Colonia Penal de La Pampa.
“En cuanto a la situación procesal de los reclusos fallecidos, el informe señala que el 68% (15 casos) correspondió a personas que cumplían condena firme, mientras que los restantes tenían prisión preventiva”, destaca.
Otro punto que se remarca en el documento es que, del total, 16 fueron muertes no traumáticas, tres resultaron calificadas como traumáticas y las restantes tres no fueron encuadradas en una categoría por no contarse con información suficiente.
Los fallecidos son 21 varones y una mujer, y en el índice señala que un joven de nacionalidad extranjera, alojado en el Complejo de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, murió como consecuencia de quemaduras.
“El promedio etario es de 54 años, mientras que en los casos de muertes violentas desciende a 23 y en los no traumáticos alcanza los 63”, sumaron.
La PROCUVIN también especificó que, en el período sometido a estudio, presentó una denuncia por el caso de un hombre cuyo fallecimiento fue consecuencia del avance de la enfermedad de Hopkins.
En este caso se busca establecer “si la muerte pudo haber sido consecuencia de condiciones inadecuadas de la privación de libertad y, específicamente, si el enfermo obtuvo tratamiento médico adecuado y cuál fue su evolución”.
Por último, resaltaron la evolución de muertes en la última década: en 2015 alcanzó los 40 casos; en 2016 se registraron 36; en 2017 y en 2018, 41; en 2019 trepó a 50; en 2020 -en contexto de pandemia- creció aún más, a 58; en 2021 se registraron 43; en 2022, 42; en 2023, 30; y en 2024, 40.
