Organizaciones, personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios del sector realizarán este martes 5 de agosto una jornada nacional de paro, movilización y clases públicas en Córdoba y otros puntos del país para exigir la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), recientemente vetada en su totalidad por el presidente Javier Milei.
La iniciativa, que había sido aprobada por unanimidad en el Senado y contaba con amplio respaldo social, fue vetada junto a otros dos proyectos de carácter social: el aumento a las jubilaciones mínimas y la reinstauración de la moratoria previsional por decreto presidencial. El Ejecutivo argumentó que su implementación implicaría un “costo fiscal exorbitante” y denunció irregularidades en el procedimiento legislativo.
Sin embargo, desde los colectivos vinculados a la discapacidad desmienten este planteo y aseguran que el impacto presupuestario de la ley es mínimo. “El costo que tiene la implementación de esta ley no llega a un centésimo de punto del PBI”, afirman en un comunicado difundido por las organizaciones convocantes. Y agregan: “La crueldad presidencial no tiene argumentos, el desequilibrio es social y no fiscal”.
La jornada del martes incluye actividades en plazas de todo el país bajo la consigna “¡La emergencia en discapacidad es ley, que se cumpla!”, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera una gran movilización hacia el Congreso. En la ciudad de Córdoba, el punto de concentración será en la Plaza San Martín desde las 12, mientras que en Río Cuarto será en la plaza central y en Cosquín en Plaza San Martín también al mismo horario.
Según los organizadores, la Ley de Emergencia en Discapacidad busca resguardar derechos básicos y garantizar la continuidad de los servicios de atención. “El pueblo construyó un paraguas legal para el resguardo de los derechos del sector de discapacidad, ocupando las plazas a lo largo y ancho de todo el país para la toma de conciencia y la construcción ciudadana”, señala el comunicado difundido por las organizaciones. Y subraya: “Nos llena de alegría y expectativas el apoyo unánime del Senado y esperamos lo mismo de Diputados”.
El veto fue interpretado por las organizaciones como un acto de desprotección y violencia institucional: “Vemos con preocupación que las únicas respuestas del gobierno sean ajustes, amenazas, represión, campañas de desprestigio y odio para con todo el colectivo (…) No podemos naturalizar este tipo de violencias y avasallamiento sobre las personas”.
En ese marco, los convocantes exigen al Congreso que rechace el veto y avance con la sanción definitiva de la ley. Para que esto ocurra, será necesaria una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras. “¡Repudiamos el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y comprometemos a toda la Cámara de Diputados para que defienda la ley en el Congreso!”, afirman.
El mensaje también apunta a la ciudadanía en general: “Convocamos a todas las personas con discapacidad, familiares, prestadores, transportistas, cuidadores, docentes y a toda la ciudadanía a sumarse activamente al paro y movilización el martes 5 de agosto para defender nuestra ley, que es una herramienta indispensable para garantizar derechos y la continuidad del sistema de apoyos”.
