A un año de la detención de Nahuel Gallo en Venezuela, el caso continúa envuelto en incertidumbre y se mantiene como uno de los focos más delicados de la relación bilateral.
El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina fue apresado el 8 de diciembre de 2024, en circunstancias que su familia y el Gobierno argentino describen como un secuestro ejecutado por agentes venezolanos bajo órdenes directas del presidente Nicolás Maduro.
La situación escaló rápidamente hacia un conflicto diplomático. Argentina llevó el caso ante la Corte Penal Internacional a través del embajador Diego Sadofschi, donde presentó denuncias por “violaciones a los derechos humanos” y solicitó el arresto de Maduro y del líder chavista Diosdado Cabello.
El reclamo también fue elevado a la ONU y a la OEA, con el argumento de que la detención de Gallo es “arbitraria e ilegal”, e incluso podría constituir una “desaparición forzada”.
Gallo fue interceptado cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para reencontrarse con su esposa, María Alexandra Gómez, y su pequeño hijo. Las autoridades venezolanas lo acusaron de supuesta “vinculación a acciones terroristas” y “espionaje”, cargos que su entorno niega rotundamente.
Gómez aseguró que durante los primeros meses, el fiscal Tarek William Saab reconoció que el arresto podría tratarse de “un error” y que el trasfondo era “un conflicto diplomático”, por lo que le pidió paciencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, el diálogo se fue diluyendo.
La situación familiar se volvió insostenible. Gómez confirmó en julio que el gendarme estaba detenido en la Cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda, y un mes después debió regresar a la Argentina junto a su hijo, frustrada por no haber logrado la liberación: “Yo no quería venirme porque mi intención era regresar con Nahuel, como lo habíamos planificado”, declaró entonces.
En septiembre, la madre del gendarme, Griselda Heredia, renovó el pedido público de liberación y relató su angustia al enterarse del despliegue de una flota estadounidense en el Caribe.
En ese momento se comunicó con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien, según Heredia, la instó a mantener la calma y aseguró que el Gobierno seguía trabajando en el caso.
Hoy, con doce meses transcurridos, Gallo continúa privado de su libertad, presuntamente en una cárcel de máxima seguridad en las afueras de Caracas, donde habría sido trasladado en julio de 2025.
Sin definiciones judiciales ni señales de resolución diplomática, el caso sigue siendo un símbolo incómodo del deterioro en el vínculo entre ambos países y un reclamo humanitario que resuena cada vez con más fuerza.
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