Según un informe difundido ayer por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem) y la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (Ufep), las penas en suspenso y las causas judiciales en fase de ejecución por casos de violencia de género crecieron de manera sostenida en los últimos años.
“Los principales hallazgos indican un crecimiento sostenido de las condenas con penas en suspenso por violencia de género durante los últimos años y la imposición de 2,5 reglas de conducta (promedio) sobre este tipo de casos, por encima de lo registrado para la totalidad de delitos con sanciones de cumplimiento condicional”, precisó el informe que analizó decenas de causas que datan desde 2016 a 2019”.
La investigación, cuyo objetivo principal es conocer las particularidades de este tipo de procesos judiciales y desarrollar herramientas institucionales para el abordaje del Ministerio Público Fiscal, evaluó los datos de la Ufep sobre los ingresos de sentencias con penas en suspenso por violencia de género a la etapa de ejecución entre 2016 y 2018.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) aseguró que esta selección se basó en “relevar y analizar la forma en la que se ejecutan las reglas de conducta en esta categoría de casos” y “paralelamente, se ponderó la importancia de evaluar el grado de participación de la víctima en la supervisión de estos procesos penales”, precisó el portal.
En esta línea, se resaltó la importancia de “nutrir los legajos” de las causas con informes de la Oficina de Violencia Doméstica para una mejor toma de decisión.
Registran 251 femicidios en 2021
La Asociación Civil La Casa del Encuentro informó que un total de 251 femicidios y 10 travesticidios fueron cometidos entre enero y noviembre de este año en el país.
En esta línea, en 153 de los 261 casos relevados, el femicida era la pareja o la expareja de la víctima; mientras que, en 33 ocasiones, el asesino era un conocido o vecino, y en otras 33 los asesinos eran familiares.
Asimismo, el informe señaló que, como consecuencia directa de los femicidios, 300 hijos quedaron sin madre, de los cuales el 58 % son menores de edad (175 casos), mientras que ocho mujeres estaban embarazadas al momento de su asesinato.
Por otro lado, dentro de los casos registrados, en 31 oportunidades las víctimas habían realizado una denuncia previa contra su agresor, 20 de los cuales tenían dictada una medida cautelar de prevención en su contra.