La Cámara Contencioso Administrativa ha decidido reconducir la acción de amparo interpuesta por el Sindicato Luz y Fuerza en contra de la transformación de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) en una sociedad anónima (SA).
Este proceso se interpretará como una “acción declarativa de inconstitucionalidad”, lo que significa que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) deberá evaluar si se pronuncia sobre esta cuestión. La Sala Electoral y de Competencia Originaria del TSJ será la encargada de tratar este tema, que tiene profundas implicancias políticas y sociales.
El mes pasado, los abogados Miguel Rodríguez Villafañe y Marcos Daher, en representación del secretario general de Luz y Fuerza, Jorge Molina Herrera, impugnaron la constitucionalidad de dos artículos de la ley 11.015, aprobada el 23 de diciembre del año anterior. Esta ley modificó el Código Tributario y, entre otras disposiciones, incorporó artículos que permiten la transformación de empresas estatales en sociedades anónimas, conforme a lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 del gobierno de Javier Milei.
En la actualidad, Epec opera como una empresa estatal y el sindicato sostiene que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano fundamental. Argumentan que al convertirse en una SA, la empresa tendría como objetivo el lucro, lo que podría llevar a sacrificar la calidad del servicio en regiones menos rentables. La demanda cuestiona tanto la constitucionalidad del decreto como la de la ley que permite esta transformación.
En este marco, el TSJ deberá decidir si acepta la acción y, posteriormente, abordar el fondo del asunto, es decir, si habilita al gobierno provincial a modificar la personería de Epec. Desde el gobierno se argumenta que la conversión a SA es inevitable y necesaria para adaptarse a la normativa nacional, mientras que el sindicato ve esta medida como un paso hacia la privatización.
Esta perspectiva ha generado una firme resistencia en el ámbito político y jurídico. Así, la decisión del TSJ será crucial para el futuro de la empresa y el acceso a la energía en la provincia, marcando un precedente significativo en la gestión de los recursos públicos y los derechos de los ciudadanos.
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