Diversas publicaciones periodísticas de octubre del año pasado sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) generaron la apertura de tres expedientes judiciales por denuncias y contradenuncias que enfrentan a la decana, Mariela Parisi, con el periodista Lázaro Llorens, autor del blog Striptease del poder.
Una causa está radicada en la fiscalía federal número 1, a cargo de Enrique Senestrari, y el juzgado federal número 3, de Miguel Hugo Vaca Narvaja. Allí, se tramita un pedido de investigación firmado por Lucas Valdés, uno de los integrantes de la agrupación ‘12 de Diciembre’, oposición política a la oficialista ‘Convergencia’, que respalda a Parisi. Se presentó el 3 de febrero último. En ella, se citan datos publicados por Llorens en su blog y se solicita a la Justicia que confirme o descarte la información que, de ser corroborada, podría constituir delito.
Al mismo tiempo, una acción civil fue presentada en los tribunales provinciales por Parisi, su esposo César Barraco –también periodista en los SRT de la Universidad– y sus hijos en contra de Llorens. Reclaman un resarcimiento por daños y perjuicios de $ 24.398.932. Se encuentra en etapa prejudicial de Mediación.
La familia reclama por las secuelas “emocionales, mentales y físicas” a raíz de una serie de “17 publicaciones maliciosas, acusatorias, infundadas, que el sujeto Lázaro Llorens” ha realizado en Facebook. El viernes pasado se realizó una audiencia.
La última acción es una denuncia penal de Parisi en contra de Llorens por el delito de “lesiones a la salud” que recayó por sorteo –realizado el viernes último– en la fiscalía distrito III, Turno 7, a cargo de Raúl Garzón.
El mapa de causas abiertas da volumen y magnitud a la situación, donde se plantean litigios judiciales con efectos políticos en la universidad, reveló en un informe el diario Perfil Córdoba.
El pedido de investigación
Fue realizado por Lucas Valdés en la Justicia Federal el 3 de febrero pasado. Solicita que la Justicia investigue sobre aspectos que podrían constituir delito en el manejo de fondos de la Facultad. Y se basa en la información sobre irregularidades publicada en octubre del año pasado en el sitio web Striptease del poder, del periodista Lázaro Llorens.
Las notas incluyen fotos de las resoluciones decanales que autorizaron las erogaciones –compras directas, sin licitación– y según señala el periodista todo consta en el Digesto de la universidad, el sitio donde se pueden leer las actas de las sesiones del Consejo Directivo de la unidad académica, incluidas sus decisiones.
El abogado Francisco Riego, que asesora legalmente a los denunciantes, destacó a Perfil Córdoba que hay gastos reñidos con la normativa y que merecen ser analizados “en el conjunto de acciones” adoptadas por el Decanato. Entre ellos enumeró “las compras de alimentos en supermercados fuera del ámbito de Córdoba, en Villa Allende –donde dicen que vive la decana y esto habrá que corroborarlo– en días feriados o fines de semana”. “El sushi no se condice con un gasto de una unidad académica; si se necesita hacer un ágape o una recepción para un visitante extranjero, por ejemplo, corresponde hacer una compulsa de precios”, agregó.
Además, puntualizó que hay que analizar cada uno de los viajes que realizó Parisi y conocer si están debidamente justificados desde una perspectiva académica. “Un decano no participa en eventos a título personal sino representando a la Facultad”, explicó Riego, al sostener que deberá analizarse qué aportes generó cada viaje de la funcionaria, qué informes presentó luego de ellos, si hizo ponencias y cuándo fueron recibidas y aceptadas”. En esos viajes “tampoco consta que haya estrechado vínculos con unidades académicas de otros países: investigaciones conjuntas, teleconferencias, intercambios, etc”, continuó el letrado.
Según Striptease del poder todos esos gastos fueron rendidos por la decana Parisi y reintegrados a ella. Es decir que se usaron fondos de la universidad para solventarlos. Otro aspecto reprochable, a decir del abogado Riego, es la contratación del esposo de la decana, el periodista César Barraco, para dictar cursos de radio. “Podría ser que su pareja merezca ser contratado, por el interés académico, pero estas designaciones –sostuvo– en el conjunto de acciones no lucen bien”. Por último, al ser consultado sobre qué figura del Código Penal podría aplicarse en este caso, afirmó que, al dañarse las arcas de la facultad podrían haber incurrido en “administración fraudulenta”.
Parisi: “Es una operación política”
La decana respondió a la consulta de Perfil Córdoba. Explicó que Lucas Valdés, “un ex funcionario de la oposición”, tan sólo solicitó que se investigue la veracidad del contenido de la información publicada en el sitio de Lázaro Llorens y si eso encuadraría en algún delito. “No hacen ninguna denuncia, se remite a los dichos de la publicación de Llorens”, subrayó.
Dijo que el fiscal Senestrari envió un oficio a la UNC y esta lo remitió al Consejo Directivo de la FCC para conocer si se iniciaron actuaciones administrativas. “El Consejo Directivo respondió a través de un repudio a lo solicitado por tratarse de una operación política utilizando resoluciones de acceso público y tergiversando su interpretación”, puntualizó.
Parisi adjudicó la presentación a “una operación política de gente que prácticamente no tiene representación en los claustros”. La funcionaria señaló que los gastos cuestionados en la publicación periodística están documentados en el Digesto de la UNC “por la gestión de transparencia que tenemos, cualquiera puede verlos”. Además, agregó “son decisiones de gobierno (de la Facultad)”. La situación que termina dirimiéndose en los tribunales ha causado un fuerte ruido político en la Casa de Trejo y en los SRT. Hay quienes sostienen, desde altas esferas, que la FCC debería aclarar cada una de las sospechas y dar una mejor imagen de prolijidad, al margen de señalar que se trata de un tironeo político interno.
